Interior culpa a la Guardia Civil de no evitar el crimen machista de Lucia Patrascu, asesinada en 2016 en Mallorca

El ministerio del Interior responsabiliza a la Guardia Civil del crimen machista de Lucia Patrascu, la mujer que fue asesinada por su marido horas después de acudir en vano al cuartel de Pollença para denunciarle. La resolución administrativa, basada en un dictamen del Consejo de Estado, señala que los agentes no atendieron debidamente a la víctima ni aplicaron el protocolo para casos de violencia de género, que podría «muy probablemente haber evitado el fatal desenlace». Establece así una conexión directa entre el asesinato y la negligencia de los guardias, que «contribuyó a permitir que se mantuviera una situación del alto riesgo» y supone un «funcionamiento anormal» de la Administración. Así, da la razón a los dos hijos de Patruscu que, a través del abogado Antoni Monserrat, reclamaron una indemnización al Estado y les concede 40.000 euros a cada uno por daños y perjuicios. El marido de la mujer, Ioan Ciotau, fue condenado a 22 años de prisión por el crimen; la investigación judicial sobre la actuación policial fue archivada al no apreciar delito por parte de los cuatro agentes.

La resolución, firmada por el mallorquín José Antonio Puigserver, secretario general técnico del ministerio del Interior, señala que Lucia Patrascu, rumana de 47 años, acudió al cuartel de la Guardia Civil de Pollença a las seis de la mañana del 29 de mayo de 2016 «para formular denuncia contra su marido» por el «acoso soportado y la violencia que ejercía sobre ella». La mujer «tuvo contacto con cinco agentes», que la hicieron «esperar casi cinco horas», pese a lo que se marchó «sin haber sido atendida en debida forma y sin formular denuncia». Por tanto, no se adoptó ninguna de las «medidas adecuadas para su debido auxilio y protección», ya que no al recoger la denuncia «en ningún momento se activó el protocolo establecido» sobre la actuación de la Guardia Civil en materia de violencia de género.

Puigserver detalla que Patrascu llegó a decir a los agentes que su marido la había seguido hasta el cuartel y que manifestó su intención de denunciarle a los primeros guardias que encontró, a los que abordó estaban aparcando su vehículo a las puertas del cuartel.

A pesar de ello, Patrascu fue atendida «en la sala espera y estando ella de pie». En ningún momento la hicieron pasar a otra estancia para que «de manera tranquila, sosegada y dedicándole el tiempo necesario, pudiera sincerarse y explicar con todo lujo de detalles los motivos de su comparecencia a esas horas intempestivas y la razón por la que manifestaba sentirse asustada y temerosa de que su marido le pudiera llegar a causar algún mal», sentencia la resolución del ministerio del Interior.

También detalla que tras marcharse del cuartel, Patrascu contó a la anciana con la que convivía entonces por qué no había podido presentar la denuncia. Según este testimonio, los agentes le dijeron que «si no tenía golpes ni la había pegado, no podía hacer nada». En este sentido, el capitán jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil señaló en un informe recogido en el expediente que la mujer indicó que había sufrido agresiones y amenazas, por que deberían haber recogido la denuncia y puesto en marcha el protocolo, que fija medidas para garantizar la protección de la víctima.

El informe de Interior recoge las demoledoras conclusiones sobre este asunto del Consejo de Estado, al que solicitó un dictamen. Este órgano señaló que la desatención que sufrió Patrascu está directamente relacionada con su muerte. «No se adoptaron las medidas de auxilio y de protección que, en rigor y buena lógica debieron haberse adoptado y que […] pudieron muy probablemente haber evitado el fatal desenlace que tristemente se produjo».

La Guardia Civil no reconoció, en los informes solicitados por el ministerio del Interior, ninguna responsabilidad. El propio coronel jefe de Balears, Alejandro Hernández Mosquera, se opuso en dos ocasiones a que se apreciara un funcionamiento anormal de la Administración y, en consecuencia, a que los hijos de Patrascu percibieran una compensación. Alegó para ello que la causa judicial abierta contra cuatro agentes por su actuación había sido archivada al no apreciar delito.

El ministerio del Interior y el Consejo de Estado replican que esta circunstancia «no supone una exoneración» de las responsabilidades. Así, concluye que aunque la muerte de Patrascu fue resultado directo del asesinato a manos de su marido, la actuación de los guardias «contribuyó a permitir que se mantuviera una situación de alto riesgo que no se compadece con las exigencias que, en materia de policía de orden y seguridad pública, corresponde a la Administración». La resolución sentencia que hubo «una concurrencia de causas».

Además de estimar la petición de los hijos de Patrascu, el documento reclama que se «extreme el rigor y la diligencia» en la atención a víctimas de violencia machista y se «refuerce la formación» de los agentes encargados de asistirlas.

Leer más 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.