noviembre 21, 2026

💔 Una hoja de papel contra un revólver: La crónica de una muerte anunciada en #Pastaza

La mañana del 19 de noviembre de 2026, el sonido de al menos doce detonaciones de un revólver calibre 22 rompió la cotidianidad de la parroquia #Veracruz, en Pastaza. Cuando el humo se disipó en el interior de aquella humilde casa de madera, el país sumó dos nombres más a su interminable estadística de barbarie: Erika Yajaira Alba Manosalvas, de 26 años y su pequeña hija Eliette Angelina, de apenas diez meses de nacida. Doña Magali Manosalvas, madre y abuela de las víctimas, sobrevivió de milagro con tres impactos de bala tras interponer su propio cuerpo para intentar salvarlas.

Horas después, las autoridades policiales salieron ante los micrófonos para destacar la rápida persecución, el intercambio de disparos y la captura en flagrancia del presunto asesino, Jason P., de 53 años y exconviviente de Erika.

Sin embargo, detrás del parte policial que celebra la reacción operativa tras el crimen, se esconde el fracaso absoluto, estructural y vergonzoso del Estado ecuatoriano y de una sociedad que sigue mirando hacia otro lado mientras las mujeres son ejecutadas.

Erika no murió en el silencio ni en la clandestinidad. Ella hizo exactamente lo que el Estado les exige a las mujeres en riesgo: acudió a la justicia, inició un proceso legal por paternidad y obtuvo una boleta de auxilio y alejamiento. Pero en el #Ecuador profundo, una boleta de auxilio no es un escudo; es apenas una hoja de papel firmada que le traslada a la víctima la imposible responsabilidad de defender su propia vida frente a un hombre armado.

Cuando Jason P. irrumpió por la parte trasera de la cocina, el documento oficial no detuvo las cinco balas que acabaron con la vida de Erika ni los dos disparos que cegaron la existencia de una bebé en brazos.

La tragedia de Veracruz desnuda una ceguera institucional criminal. Los registros de la propia Fiscalía revelan que el agresor no era un ciudadano ejemplar que perdió el control en un arrebato; acumulaba tres denuncias previas por amenazas en Quito y dos por robo. El Estado tenía su perfil violento documentado en sus servidores. Sabía que existía un litigio de paternidad en curso y que pesaba sobre él una orden de restricción. Aun así, el sistema permitió que un sujeto con antecedentes de amenazas viajara desde la capital hasta la Amazonía con un arma de fuego sin que saltara una sola alarma preventiva.

Aquí queda expuesta la fractura entre la burocracia centralista y la realidad rural. En ciudades como Quito se archivan denuncias en indagación previa mientras en parroquias como Veracruz las Unidades de Policía Comunitaria carecen de alertas automatizadas que les adviertan cuando un agresor denunciado en otra provincia ronda la jurisdicción de una mujer protegida. No hay cruce de datos, no hay evaluación real de riesgo letal, no hay dispositivos electrónicos de rastreo para reincidentes. La justicia ecuatoriana ha normalizado un modelo de “justicia post-mortem”: llega puntual con las cintas amarillas de la escena del crimen, los vehículos de Medicina Legal y la promesa de pedir cuarenta años de cárcel cuando ya hay dos ataúdes que velar en una cancha parroquial.

Pero el Estado no falló solo; la sociedad también tiene una deuda ética en este doble femicidio. Durante años hemos tolerado dinámicas de poder profundamente asimétricas —un hombre de 53 años frente a una joven de 26— bajo el manto de la vida privada. Nos indignamos colectivamente cuando la sangre ya corre por el suelo, al punto de intentar incendiar el vehículo del asesino en un arrebato de justicia por mano propia, pero seguimos siendo indolentes ante las señales previas: el acoso, la intimidación económica detrás de un juicio de alimentos o paternidad, y el aislamiento de las víctimas.

Erika fue reina de su parroquia, una muchacha querida y tranquila a la que la violencia machista le arrebató el futuro junto a su hija. Su muerte no puede ser archivada como un éxito policial por haber atrapado al tirador a pocas cuadras de la escena. Mientras el Estado no sustituya las boletas de papel por mecanismos reales de vigilancia, contención y tecnología aplicada a los agresores, cada orden de alejamiento firmada en un escritorio seguirá siendo, en la práctica, el preludio de un funeral.

Por: Juan Pablo Villacreces
Periodista de Pastaza

💻 Comunitario Ec

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