El documento, que analiza cientos de casos recopilados por las organizaciones WOLA y Kino Border Initiative, encontró que de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre 2020 y 2022, un 95% quedaron impunes.
Estas acusaciones, sobre las que no se investigó o se tomó acción disciplinaria alguna, incluyen casos de palizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.
El texto, de más de 80 páginas, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta.
El extenso reporte subraya las fallas en el proceso de escrutinio de las autoridades migratorias.
Las organizaciones denuncian que, de no ser por el trabajo de «actores externos» como defensores de derechos humanos, periodistas o incluso las propias víctimas, no se darían a conocer las instancias de abuso, ya que raramente son reportadas por el propio personal.
