La Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal y un posible perjuicio para el Estado, que asciende a USD 10 millones por la compra de terrenos para el cinturón de seguridad de la Refinería de Esmeraldas, un hecho que tuvo lugar en el 2023.
El resultado de un examen especial revela que se realizaron pagos sin avalúos oficiales y que la adquisición no contó con la delegación del gerente de Petroecuador.
Como tal, Contraloría señala que Petroecuador pagó USD 10 164 118,37 a los propietarios, pero que en el avalúo catastral se indica un valor de USD 53 471 por esos predios.
La entidad cita que bajo los parámetros de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el monto para este tipo de adquisiciones se establece sumando un 10% al valor que consta en el avalúo catastral (USD 53 471,25), lo que fijaba el monto legal de los terrenos en USD 58 818,38.
Además, señala como responsables al gerente de refinación, al subgerente de finanzas y a la jefa de contratos, quienes estaban en funciones entre octubre de 2023 y enero de 2024.
Esta información será entregada a la Fiscalía para la investigación de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.
