La Corte destacó que la cartera vencida que el proyecto buscaba abordar lleva más de una década y que no se justifica la necesidad de introducir una nueva regulación que no pueda esperar a la posesión de las nuevas autoridades. Incluso los efectos del proyecto de decreto ley no serían inmediatos debido a la necesidad de emitir un reglamento, y que esto excedería los plazos de transición política, por lo que ya estaría instalado el nuevo Parlamento.
El dictamen también afirma que “el presidente pretende aprobar por esta vía extraordinaria disposiciones que no fueron consideradas como de urgencia económica en su momento por la Función Ejecutiva, ni se ha justificado que lo sean ahora, abusando así de su potestad para emitir decretos leyes de carácter económico urgente”. Y hasta muestra en un cuadro comparativo, un refrito con artículos reciclados de proyectos anteriores sobre lo mismo y que hoy se presentan con el membrete de urgente.
El artículo 148 de la Constitución dispone que la Corte debe emitir un dictamen previo de constitucionalidad sobre los proyectos de decretos ley de urgencia económica que sean expedidos por el presidente de la República hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional. La Corte tiene la responsabilidad de examinar si existe correspondencia entre el proyecto de decreto ley y la calificación de urgente en materia económica; ya que su contenido necesariamente debe atender a un tema económico urgente, pues, de otra forma, la propia emisión del proyecto de decreto ley sería contraria a la Constitución.
Aunque no todos puedan estar de acuerdo con el resultado, debemos valorar y respetar el trabajo de la Corte Constitucional como parte del sistema democrático y del Estado de Derecho. Si la Corte “acolitaba” con un dictamen favorable por tratarse de una problemática sensible, hubiera constituido un precedente peligroso en contextos de Asambleas disueltas, permitiendo que se gobierne abusivamente con decretos leyes.
Es imperativo que el Gobierno proponga soluciones concretas que aborden esta situación no de manera extraordinaria, sino como parte de sus obligaciones permanentes. En este caso, medidas que den alivio a las personas coactivadas y sus familias por créditos educativos, sin evadir la construcción de políticas públicas de mediano y largo plazo.
