En tiempos de precampaña y campaña electoral (del 8 al 17 de agosto), la lupa ya está sobre las propuestas que, sobre esta materia, plantearán los ocho precandidatos a la Presidencia de la República que participarán en los comicios anticipados del 20 de agosto de 2023.
Las estrategias electorales de los postulantes deben estar enfocadas en presentar proyectos serios y opciones medibles en el terreno. A partir de entonces se podría generar una vigilancia ciudadana para evaluar su cumplimiento o no.
Contrario a la teoría de prometer que se impulsarán leyes a través de la Asamblea Nacional, y reformar la política anticorrupción, los aspirantes deben ir “del dicho al hecho”, a través de acciones concretas, pero previamente, definir una hoja de ruta.
Un primer paso, a criterio de Freddy Salas, presidente del Comité Ecuatoriano de Oficiales de Cumplimiento, es que los indicadores anticorrupción deben ser públicos y prácticos.
Sistemas técnicos
Por ejemplo, los candidatos pueden proponer que las instituciones del Estado cuenten con sistemas de gestión anticorrupción “certificables”, con el apoyo del sector privado, para “castigar de forma severa” los actos de corrupción que emerjan de los diferentes estamentos.
