El 268 del COIP establece que los integrantes de la carrera judicial que fallen contra ley expresa o en perjuicio de una de las partes procesales en la sustanciación de las causas serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años y multa de 20 a 30 Salarios Básicos Unificados (SBU). Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por 12 meses.
La sentencia 2231-22-JP 123 de la CC dice que los jueces constitucionales sí pueden ser procesados y eventualmente sancionados por incurrir en la conducta penal de prevaricato. Estas consideraciones constan en un documento de 12 páginas en el que Israel Cedeño, director regional de Manabí; delegado de la Procuraduría General del Estado (PGE), denuncia a Quimis en la Fiscalía por haber dado paso a la acción de protección.
Según la Procuraduría, el dictamen de la CC no excluye esa posibilidad, ni la competencia de la Fiscalía para investigar las conductas que puedan configurar otros delitos contra la eficiencia de la administración pública, presuntamente, cometidas por jueces constitucionales de la función judicial.
Antonio Pachai Ortiz, agente fiscal de la Fiscalía de Manabí interpuso, el 1 de septiembre de 2023, una denuncia formal en contra de Quimis en calidad de “sospechoso” de presunto prevaricato.
Cinco irregularidades
En su denuncia interpuesta en la Fiscalía, Israel Cedeño, plantea cinco “irregularidades punibles” cometidas por Quimis.
