Según Neira, la distribuidora de combustibles habría adquirido el combustible con subsidio para comercializarlo en un segmento específico, sea automotriz, naviero o industrial.
El ilícito consistía -según el secretario de Integridad Pública- en transferir el diésel de un segmento hacia otro.
Para ello, la empresa distribuidora automotriz Gasquil habría desviado el hidrocarburo hacia la empresa Corpalubri, perteneciente al segmento industrial, para el cual no existe subsidio.
Julio José Neira, secretario general de la Integridad Pública, denunció públicamente que la empresa Copedesa habría perjudicado al Estado ecuatoriano en USD 94 millones en los últimos tres años, a través de un presunto “contrabando de diésel”.
La Agencia de Control y Regulación de Hidrocarburos clausuró las gasolineras ligadas a la empresa Copedesa.
