El 17 de mayo de 2023 y mientras terminaba mi artículo sobre el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 741 por medio del cual resolvió que, por la grave crisis política y conmoción interna y en virtud del artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, se disuelva la Asamblea Nacional. La disolución anticipada de la Asamblea Nacional es lo que se conoce como “muerte cruzada” y es la primera vez que se invoca desde que se incluyó esa figura en la Carta Magna. Con este antecedente, este artículo busca despejar ciertas dudas sobre lo que podemos esperar en las próximas semanas y meses en el país, desde el punto de vista legal/procedimental pero también desde la realidad diaria.
No cabe duda que esta decisión del Presidente de la República, generará reacciones de toda índole, desde los grupos opositores al Gobierno Nacional e, incluso, algunos movimientos sociales que podrían salir a las calles a expresar du descontento con la inestabilidad política y realidad del país. Si bien es cierto que el atropellado juicio político seguía su curso en la Asamblea Nacional en contra de Lasso, el presidente no tenía muchas opciones de maniobra política pues su suerte estaba en manos de unos pocos individuos que buscaban esperar el último momento para ubicar al mejor postor.
Apartado de cualquier simpatía o antipatía con el primer mandatario, no se podía esperar mucho más de los asambleístas en un proceso que ha irrespetado la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa y que, probablemente, con o sin fundamentos ni pruebas, se resolvería levantando la mano en la votación final. En este proceso sucedió de todo, incluso que los propios proponentes del juicio político no acudían a la Comisión de Fiscalización, lo cual resulta impresentable y resalta la falta de seriedad del proceso. En cualquier caso, parecería ser que el presidente de la República ya tenía tomada la decisión de aplicar la muerte cruzada hace algunos días pero que esperó despedir a las asambleítas acusándolos de “anti-legisladores” y “destructores” de leyes que buscaban la prosperidad del Ecuador.
