El acuerdo suscrito establece que el país «debe avanzar en cambios que consoliden un nuevo modelo político, económico y social», siempre que sea «sobre la base de unos principios comunes, a partir de los cuales la candidatura unitaria (quien resulte vencedor en octubre) diseñará su programa de reformas estructurales«.
Entre los principios, destaca el «reconocimiento de la diversidad de intereses dentro de una sociedad pluralista bajo el amparo de un Estado de derecho social«, un precepto que los precandidatos presidenciales se comprometieron a respetar tomando la Constitución como marco y «la reinstitucionalización del poder público como meta».
«La afirmación de la primacía de los derechos humanos con el propósito de restitución de garantías constitucionales, liberación de presos políticos y restablecimiento del orden público en favor de la vida, bienes y derechos de los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional», prosigue el texto, que fue leído durante un acto en Caracas.
Los políticos también apoyan «la aspiración histórica de hacer realidad» la puesta en marcha de un «Estado federal descentralizado», algo que contempla la Constitución pero que, en la práctica, se irrespeta, al estar la mayoría de tareas ejecutivas adjudicadas a órganos dominados por el Gobierno nacional.
Además, se acuerda la «promoción de un entorno favorable al desarrollo de una economía (…) diversificada y socialmente incluyente que permita la superación de las causas inmediatas y estructurales de la pobreza».
