El pasado 09 de febrero la Corte Constitucional emitió la sentencia 2366-18-EP/23, en la que reconoció la vulneración a los derechos de acceso a la información pública y a la verdad, e impuso al Estado ejecutar medidas de reparación para la familia, entre las que destacaron la coordinación con el perito argentino Roberto Meza para conocer la existencia de una copia del llamado “tercer producto” o la reelaboración del informe.
Otra de las medidas reparatorias, ya ejecutadas por el poder Ejecutivo, fue la realización de un acto público de disculpas desarrollado en el Palacio de Carondelet el día 14 de marzo y en el que fueron designados los integrantes de la Comisión Coordinadora, Arturo Moscoso, Jeannine Cruz y Sebastián Palacios.
Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría General del Estado (CGE) tendrían hasta el 18 de julio para investigar e informar sobre las acciones sancionadoras a los exfuncionarios que manejaron la información del “tercer informe” y que permitieron su desaparición de los archivos del Estado.
Por esto, la reconstrucción del “tercer informe”, ha desencadenado una ola de ataques por parte de un sector de la sociedad ecuatoriana. Ha sido el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, quien ha encabezado el ataque contra la comisión, el perito Meza y las conclusiones del informe reconstruido.
La mayor crítica del exmandatario ha sido por el valor pagado a Meza para reelaborar el documento que desapareció de “forma irregular” bajo su administración.
