Sin embargo, en sus propuestas, varios aspirantes a Carondelet -que de acuerdo con algunas mediciones tendrían más opciones de captar el voto popular- no mencionan cuál sería su política en torno a la permanencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El compromiso de la mayoría es fortalecer la institucionalidad del Estado, pero el presidenciable Yaku Pérez, de la alianza Claro que se puede, sostiene (en su plan de gobierno) que la vigencia del Cpccs “es innecesaria” y plantea que su accionar sea asignado a otras funciones del Estado. Agrega que el control social y la participación ciudadana no debe estar intermediada por mecanismos que coarten el derecho de vigilar el quehacer gubernamental.
Propuesta rechazada
En la consulta popular que impulsó el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que fue rechazada en las urnas el 5 de febrero de 2023, se incluyó una pregunta para eliminar las facultades que tiene el Cpccs para designar autoridades de control.
Desde 2010, el Cpccs le ha costado a Ecuador $142 millones. El 96,94% de ese monto se ha gastado en burocracia, el 0,29% en promoción, el 1,10% en la designación de autoridades y el 1,67% en pago de consultorías.
El Cpccs fue creado con la Constitución de 2008 durante el régimen del expresidente Rafael Correa, y se le otorgaron varias funciones, entre ellas fortalecer las facultades de investigación de presuntos actos de corrupción, pero del total del presupuesto entregado por el Estado, se asignó el 0,00% para emprender en acciones para ese efecto.
