El secretario general de Integridad Pública, Julio José Neira, expuso en la red social X un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos que involucraría a una empresa de medios impresos. Según el funcionario, la modalidad replicaría prácticas observadas en el denominado caso “Sinohydro”, con facturación inorgánica, uso de proveedores fachada y la introducción de efectivo al sistema financiero a través de vendedores de periódicos (“canillitas”).
El planteamiento oficial
Neira indicó que se “identificó un esquema” por el cual la compañía habría:
Introducido más de USD 5 millones en efectivo mediante depósitos bancarios realizados por más de 75 canillitas, varios de ellos con vínculos familiares entre depositantes; uno registra antecedentes penales y está investigado por delincuencia organizada.
Utilizado 36 supuestos proveedores que facturaron otros USD 6 millones sin evidencia de servicios reales o con precios sobredimensionados, incompatibles con su perfil económico.
Subdeclarado compras e inconsistencias en declaraciones electrónicas entre 2023 y 2024, pese a que las adquisiciones superaron USD 5 millones; además, se habría acogido indebidamente a beneficios del RIMPE, un régimen pensado para micro y pequeños negocios.
Mantenido conexión con el caso “Sinohydro” a través de un mismo abogado, quien —según Neira— habría operado en ambos frentes replicando la misma práctica: facturas por servicios inexistentes o sin coherencia con el perfil del proveedor, para inyectar dinero (principalmente en efectivo) a la empresa.
Estado de las indagaciones
12 contribuyentes ya fueron notificados por diferencias tributarias; deberán incluir ingresos omitidos y pagar valores pendientes con intereses y multas.
3 contribuyentes están en proceso de entregar información.
En total, 15 contribuyentes vinculados a distribución al por mayor están bajo investigación y tendrán 20 días hábiles para justificar sus operaciones.
Según el Secretario de Integridad Pública, una empresa de medios impresos habría movido más de USD 5 millones en efectivo mediante depósitos de canillitas y 36 proveedores con facturas sin respaldo real.
Fuente el telégrafo