Ecuador no solo necesita un proceso de fiscalización en la Asamblea, cuando esta buenamente retorne de su vacancia oportuna. Lo que le hace falta es una gran dosis de ética pública.
La que, precisamente, los cuatro vocales de la Judicatura no han mostrado al ver que su presidente, Mario Godoy, se hunde en las denuncias de supuestos vínculos perversos con la mafia, a partir del patrocinio jurídico de él y su esposa.
Tampoco lo ha hecho el titular de la Legislatura, Niels Olsen, quien opta por dilatar la fiscalización como si esperara que la Navidad y las fiestas de fin de año inoculen amnesia al país.
Qué decir del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien lo incluyó dos veces, por presiones políticas del Gobierno, en su terna de candidatos para integrar la Judicatura y, lo más delicado, presidirla, porque así lo manda la ley.
Tampoco se ve ética pública en el Consejo de Participación Ciudadana ni en su presidente, Andrés Fantoni, que por dos ocasiones permitieron, con los votos de correístas y noboístas, que Godoy fuera designado vocal de la Judicatura.
Finalmente está el Presidente de la República, quien tensó los hilos con absoluta determinación para que Asamblea, Cpccs y Corte Nacional se inclinaran porque su candidato fuera el seleccionado, pese a la montaña de observaciones que se cernían sobre él y que ahora lo han convertido en un funcionario fallido.
La ética pública debiera caminar con mayor rapidez que la burocracia y los procesos institucionales, porque esta orienta y traza la ruta por donde debe avanzar la democracia sana de una nación.
En ese sentido, este lunes al mediodía, toda vez que Mario Godoy, en lugar de renunciar a su cargo por simple sentido de respeto institucional, pidió una licencia para preparar la defensa, el presidente Noboa debió decirle al país que le retiraba la confianza, exhortándole a que diera un paso al costado.
Muchos dirán que en el sistema político que supuestamente rige en Ecuador hay independencia de funciones y que al Ejecutivo no le correspondería decidir sobre la salida de la más alta autoridad de la Judicatura.
Pero si el Mandatario fue el principal interesado en su nombramiento, debiera ser el personaje que, con más fuerza, le exija su retiro inmediato. Y que luego de esa postura venga lo demás, incluido el juicio político en la Asamblea.
Cuando la ética pública es el principal ingrediente con el que se dirigen los destinos de un Estado, no hay cabida para que el esposo de una abogada que defiende a narcos y mafiosos despache en el escritorio más importante de vigilancia de la función judicial. Simplemente, no es aceptable; Noboa, Olsen, Suing, Fantoni y los colegas de Godoy debieran tener otra postura.
