En su denuncia, Grunauer indica que solo 112 alarmas están activas y que algunas de estas presentan daños en la conexión entre el botón de emergencia y el ECU-911.
Además advierte que las razones para la suspensión del contrato con la empresa Nexmedios soluciones tecnológicas, no tienen sentido y son infundadas. Según ella, es absurdo que la desestimación de las alarmas y la demora en la entrega de documentación sean razones para suspender el contrato.
Además, acusó al exalcalde de Quito, Santiago Guarderas, de mentirle a la ciudadanía.
La exsecretaria de seguridad, Daniela Valarezo, desestimó estas acusaciones, e indicó que el contrato se realizó el 16 de diciembre de 2022. En dicho documento se establece que debían instalar 557 alarmas en un plazo de 150 días; es decir, hasta mayo de 2023. También se establecen 365 días para la provisión de los servicios de soporte, mantenimiento y conectividad.
Hasta el 12 de mayo se instalaron 172 alarmas. Valarezo sostuvo que hubo un retraso porque al momento de presentarse para la instalación, las personas interesadas cambiaban de parecer en el lugar ya establecido en la revisión y pedían que se colocaran en otro punto. Esto generó complicaciones que perjudicaban al contratista. A esto se sumó la falta de información sobre la cantidad y cuáles eran los barrios que necesitaban el servicio. Por estos motivos se decidió suspender el contrato, pero no la prestación del servicio. Esto, según Valarezo, debería reanudarse máximo hasta la próxima semana con la actual administración del alcalde, Pabel Muñoz. Si esto se cumple y si se instalan 20 alarmas por día, las 385 alarmas restantes deberían estar colocadas en un mes.
