Hoy, Ecuador observa cómo las instituciones del Poder Judicial se encuentran en un conflicto interno, la Corte Constitucional le quitó su respaldo al Consejo de la Judicatura (CJ), mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha tratado de interferir y bloquear la gestión de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Antes del decreto de “muerte cruzada”, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la Asamblea Nacional no alcanzaban el 10% del apoyo popular según las encuestadoras. La Función Judicial tampoco cuenta con un apoyo importante de una población que ve en la inseguridad, la economía y la corrupción los problemas que más le afectan.
Ante esta realidad, representantes de distintos sectores hablan de recuperar la institucionalidad del país. La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, durante la primera vuelta planteó la posibilidad de una Constituyente, mientras que otros actores políticos han propuesto una Consulta Popular.
LA HORA conversó con voceros de diversas organizaciones civiles para revisar cuál podría ser el mejor camino para recomponer la credibilidad en las instituciones del Estado.
