El objetivo de esta medida de protección es supuestamente detener o prevenir la violencia contra la funcionaria de la Judicatura.
En el documento, Ruíz, prohíbe al “agresor” (Diana Salazar), por sí o por terceros, generar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia (Maribel Barreno) o de cualquier integrante de su familia. También se dispone la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de la violencia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó, mediante un comunicado oficial esta decisión de la teniente política de la parroquia de Nayón.
Además, se la califica de ilegal y se asegura que el ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma constituye algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía.
La Fiscalía anunció que al no estar sustentada en derecho la resolución de Ruíz, la institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria.
