El Gobierno Nacional remitió a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a USD 46.255 millones. Esta cifra incluye tanto el gasto operativo del Estado como el pago de obligaciones financieras y la amortización de deuda pública.
De acuerdo con la Proforma elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el monto propuesto representa un incremento del 12,83% frente al presupuesto codificado al 30 de septiembre de 2025, que fue de USD 40.994 millones. El documento explica que este aumento está asociado, entre otros factores, a mayores necesidades de financiamiento para gasto social, seguridad interna y cumplimiento de obligaciones del Estado.
Uno de los rubros más altos dentro del gasto proyectado para 2026 es la amortización de la deuda pública, que suma USD 8.351 millones. Ese valor corresponde al dinero que el Estado destinará a pagar capital de deudas previamente adquiridas y supone un aumento superior al 43% frente a lo ejecutado hasta septiembre de 2025.
En el desglose del gasto corriente, la Proforma contempla USD 10.079 millones en egresos de personal, que corresponden a sueldos y remuneraciones del sector público; USD 2.489 millones en bienes y servicios de consumo, destinados a garantizar la operación de las instituciones; y USD 6.252 millones en transferencias corrientes, que financian, entre otros, asignaciones a sectores sociales y subsidios específicos.
El Ejecutivo mantiene que salud, educación y seguridad continúan como sectores prioritarios. Para 2026, el Gobierno proyecta destinar alrededor de USD 5.984 millones a educación inicial, básica y bachillerato; USD 5.840 millones al Sistema Nacional de Salud; y más de USD 4.054 millones al Bloque de Seguridad, que incluye al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el sistema penitenciario y el Centro de Inteligencia.
La Proforma Presupuestaria 2026, remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, proyecta un gasto total de USD 46.000 millones, en el que el Gobierno afirma sostener el financiamiento de servicios esenciales como salud y educación.
Fuente el telégrafo