Según Neira, la distribuidora de combustibles habría adquirido el combustible con subsidio para comercializarlo en un segmento específico, sea automotriz, naviero o industrial.
El ilícito consistía -según el secretario de Integridad Pública- en transferir el diésel de un segmento hacia otro.
Para ello, la empresa distribuidora automotriz Gasquil habría desviado el hidrocarburo hacia la empresa Corpalubri, perteneciente al segmento industrial, para el cual no existe subsidio.
Los beneficiarios habrían sido los accionistas del grupo Alva3, propietario de todas las empresas mencionadas.
Tras la investigación, la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero suspendió la entrega de combustible a todas las empresas comercializadoras y distribuidoras vinculadas al grupo Alva3.¿Cómo se estableció el daño causado? Para calcular el perjuicio al Estado, Neira explicó que se calculó la diferencia del precio del diésel con subsidio y sin subsidio (USD 1,16) y luego se multiplicó por el número de galones vendidos a las empresas entre los años 2021, 2022 y 2023.
Julio José Neira, secretario general de la Integridad Pública, denunció públicamente que la empresa Copedesa habría perjudicado al Estado ecuatoriano en USD 94 millones en los últimos tres años, a través de un presunto “contrabando de diésel”.