La normativa establece penas de tres a cinco años para quienes difundan datos que provoquen “alarma, temor o zozobra”, y entre cinco y diez años si se promueve “odio o discriminación”.
Críticos catalogaron esta ley como un nuevo intento de silenciar a la oposición.
El gobierno nicaragüense justifica la medida como un refuerzo en la “prevención de delitos cibernéticos”, aunque grupos opositores y periodistas denuncian que la ley busca coartar la libertad de expresión y acallar las voces disidentes.
La norma se suma a otras iniciativas del régimen sandinista, que desde 2018 ha implementado medidas para controlar la información y reprimir a la oposición.
Uno de los puntos más controvertidos es la falta de definiciones claras sobre lo que se considera “información falsa”, lo que deja al poder judicial, controlado por el oficialismo, la facultad de decidir qué publicaciones son sancionables.
Desde 2020, el régimen endureció su control sobre las redes sociales y los medios de comunicación, deteniendo a periodistas y activistas bajo acusaciones de difundir “noticias falsas”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que sanciona con cárcel a quienes publiquen contenido desfavorable al régimen de Daniel Ortega en redes sociales.
La nueva ley impone penas de hasta diez años de prisión para quienes difundan contenido considerado “alarmante” o “falso”, en Nicaragua.
