El pedido fue realizado el 1 de julio de 2024 por Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, quien había solicitado una revisión de estos convenios debido a que no contarían con dictámenes previos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su ejecución, como lo establece el acuerdo 080 de la cartera de Trabajo.
A esto se suma supuestos beneficios excesivos en contratos colectivos, como el suscrito con los trabajadores de CNEL y CELEC, que resultarían perjudiciales para las finanzas del Estado ecuatoriano.
Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y extitular (e) de Energía y Minas, aseguró en mayo que solo entre 2018 y 2022 se pagaron USD 588 millones por acciones de protección y beneficios colectivos en estas dos empresas públicas.
La Contraloría General del Estado anunció que realizará “verificaciones preliminares” a los contratos colectivos de Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Empresa Pública de Hidrocarburos (Petroecuador).
Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, presentó la solicitud a la Contraloría para exámenes a los contratos colectivos de cuatro empresas estatales.