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La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, envió una nota al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que remita el informe presentado por el exadministrador general del tribunal, Héctor Marchi, sobre el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN).
Además, anticipó que la Comisión está analizando citar como testigo al propio Marchi para el martes [por ayer], para que asista a la Cámara baja «con la documentación» referida a la situación económica de la OSPJN.
En declaraciones a Radio 10, la legisladora del Frente de Todos
anunció que si Rosatti no remite a la Comisión de Juicio Político los
documentos requeridos, ella insistiría para que la envíe «en 24 horas».
Por otro lado, no descartó que se pueda citar también al juez Ricardo
Lorenzetti luego de que el magistrado emitiera una nota en disidencia
respecto del desplazamiento de Marchi como administrador general del
máximo tribunal. «Aunque también esté acusado, se lo puede citar»,
explicó la diputada nacional por Entre Ríos.
Marchi fue desplazado por la Corte como administrador del máximo
tribunal, cargo que desempeñó durante 15 años, para ser trasladado a la
Cámara Federal de Seguridad Social.
El desplazamiento fue resuelto a través de una mayoría integrada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Lorenzetti, quien criticó el traslado.
Gaillard reveló además que hace diez días había enviado un oficio a
la Corte para solicitar el envío de documentación a la Comisión de
Juicio Político pero que hasta este jueves el máximo tribunal no lo
había hecho.
En la nota enviada este viernes a Rosatti, Gaillard pidió «copia
certificada del informe presentado por el directorio de la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación con fecha 13 de febrero de 2023, al cual
se hace mención en la nota que el doctor Lorenzetti dirigiera a los
doctores Mariano Althabe y Cora Boresztejen, en fecha 4 de abril de
2023, que diera origen al expediente 1953/2023, la cual resultara
publicada en la misma fecha en el sitio web del Centro de Información
Judicial (CIJ)».
La documentación requerida incluye «los informes, anexos e
información complementarios elaborados por la Secretaría General de
Administración de la CSJN», al igual que «todas las observaciones y
recomendaciones que la citada secretaría dirigió al directorio de la
OSPJN, conforme las facultades de supervisión de las funciones
administrativas, de los servicios de cobertura médica asistencia social y
del estado económico financiero».
También pidió «la documentación de la cual surja la fecha de
recepción en cada vocalía de los informes de supervisión elaborados por
la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia,
adjuntado en cada caso las constancias de recepción respectivas».
Y además solicitó al máximo tribunal que si algún informe de
supervisión de la Secretaría General de Administración de la Corte no
fue publicado se «dé precisión» sobre los motivos por los cuales se
decidió no difundirlo.
«Por todo lo expresado, solicito al señor presidente de la Corte
Suprema de Justicia se arbitren los recaudos legales e institucionales
que correspondan a fin de preservar la documentación relacionada al
objeto del oficio y se remita la misma a la Comisión de Juicio Político
en el plazo de 24 horas de recibida la presente», remarcó Gaillard.
En la mañana de este viernes, en sus declaraciones radiales, Gaillard
había dicho que a Marchi «se lo vuela» de la Administración General de
la Corte luego de intentar «enviar las auditorías que darían cuenta de
los manejos discrecionales de fondos» en la OSPJN. «Evidentemente la
Corte no tenía intención en que la información remitida por Marchi
llegue a la Comisión (de Juicio Político)», advirtió la diputada.
Sin embargo, consignó que se enteraron que «Marchi sí la había
remitido y, curiosamente, luego se produjo su desplazamiento». En
relación al propio Lorenzetti, Gaillard añadió que la postura de ese
juez sobre el desplazamiento de Marchi «es muy crítica» y «habla de una
especie de coacción porque dice que Marchi fue advertido de que si
enviaba esa información podía ser desplazado».
«Vemos mucha gravedad en lo que dice Lorenzetti, porque muestra que
Marchi nos iba a enviar información muy importante» , resumió y definió
como «gravísimo y un escándalo» lo que «se está descubriendo en la
Comisión de Juicio Político».
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados formalizó
ayer una nueva convocatoria para el próximo martes, cuando recibirá
nuevos testimonios por las denuncias de irregularidades de la Obra
Social del Poder Judicial, y volvió a citar al exdirector de ese
organismo Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión con el
argumento de que ya existe una causa judicial en su contra. Gallaird
aseguró que los hechos que se están investigando en la OSPJN «revisten
una gravedad enorme» y alertó que «100 mil afiliados reciben una
deficiente atención producto de estos desmanejos».
Héctor Marchi, quien estuvo a cargo de la Obra Social de Poder
Judicial de la Nación cuando fue intervenida a través de una acordada de
la Corte, fue ofrecido como testigo en el juicio político que en el
Congreso de la Nación se les sigue a los cuatro integrantes del máximo
tribunal. Los supuestos desmanejos de esa obra social forman parte de
las acusaciones en el proceso contra los ministros de la Corte, en el
cual Marchi habría presentado un informe en las últimas horas.
«Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha
presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la obra social. Es
un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que
es el respeto de la legalidad y la transparencia», expuso Lorenzetti en
su disidencia.
La Comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en
irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de
la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y
auditoría interna, y, si a consecuencia de la no designación de esas
personas, se incumplió con la habilitación estatutaria para la
delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias.
Además, se investiga una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable. Para avanzar en estas cuestiones, la Comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social», y su «incidencia» ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-implosion-de-la-corte-suprema/
