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El viernes en conferencia de prensa la UTEP y la CTA Autónoma, anunciaron que este 1° de mayo junto a más organizaciones sociales, políticas y sindicales confluirán en una jornada por el Día del trabajador y la trabajadora para rechazar el ajuste que viene implementando el FMI sobre el conjunto de la clase trabajadora.
Esteban
Gringo Castro, secretario general de la UTEP, señaló: “Este 1° de mayo
será una pequeña muestra de lo que va a ser la lucha que se viene cuando
cualquier
gobierno decida profundizar el ajuste. Estamos preparados porque tenemos
la experiencia histórica”.
Y
se refirió también a la emergencia alimentaria: “Hoy tenemos un serio
problema en términos alimentarios en nuestros barrios, no está llegando
la comida.
Por un lado, hay sectores que concentran la producción de alimentos y,
por otro lado, el pueblo humilde que se organiza para dar de comer y no
recibe los alimentos. El hambre es un crimen y pelearemos para que no
exista más en nuestro país”.
La
semana previa al 1° de mayo se estuvieron realizando múltiples
asambleas en las unidades productivas y barrios populares de todo el
país donde se definió
exigir respuestas concretas hacia las y los trabajadores que no están
dispuestos a retroceder en sus derechos mientras se siguen haciendo
concesiones al FMI y la emergencia alimentaria se vuelve insostenible.
A las 14:00 está previsto un acto en las intersecciones de Av. de Mayo y 9 de Julio.
Encuentro de la Unidad Piquetera y la Utep
Varios
referentes de dichas organizaciones participaron de una reunión donde
se volcaron coincidencias sobre el momento que está viviendo el
movimiento piquetero
a partir de la intensificación de la ofensiva gubernamental (a través de
la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz), con recortes
masivos de programas y amenazas de mayores ataques a las organizaciones
sociales.
También
hay coincidencias en enfrentar el plan de ajuste impuesto por el FMI
que tanto repercute sobre la economía familiar, y que golpea ferozmente a
la población
empobrecida de los barrios del conurbano y de todas las provincias.
Se
discutió la posibilidad de hacer un acto conjunto el 1º de mayo pero no
hubo acuerdos ya que las organizaciones ligadas al Frente de Izquierdas
ya tenían
programado un acto en Plaza de Mayo. Por lo tanto, en una próxima
reunión se acordarán acciones conjuntas en base a consignas comunes para
enfrentar las políticas de hambre y miseria que sufren las grandes
mayorías.
La Unidad Piquetera rodeó de ollas vacías el ministerio de Desarrollo
Social
Con las consignas «¡Nos quieren sacar de las calles, pero no de la pobreza!», «¡Fuera FMI!» y «¡La deuda es con nosotres!»,
las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera realizaron el miércoles 19 por la tarde una masiva marcha de antorchas desde el Puente Pueyrredón – uno de los principales accesos del
sur del conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires – hasta la histórica Plaza de Mayo.
La medida fue contra las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional para cumplir con el acuerdo con el FMI.
Una vez en Plaza de Mayo, entregaron una carta
en Casa Rosada, donde solicitaron una reunión urgente con el presidente
Alberto Fernández dado que la ministra de Desarrollo Social, Victoria
Tolosa Paz, se niega
a recibirlas. Luego, instalaron carpas y ollas populares para realizar
un acampe durante toda la noche.
Sobre la reunión solicitada al presidente, en
la carta –recibida por Juan Fernández, el director de Documentación
Presidencial– remarcaron su carácter de «urgente dado el carácter de
emergencia que atraviesan
miles de familias que deben ser asistidas por su gobierno».
«Más del 40% de la población, 18 millones de
personas, tienen dificultades para comer, muchos de los cuales asisten a
los comedores populares de las organizaciones que representamos, y
están esperando una respuesta
ya que son sistemáticamente desatendidas por su ministra de Desarrollo
Social, la cual se ha negado a establecer una reunión con estas
organizaciones para recibir los reclamos», señalan las organizaciones en
un tramo de la carta dirigida a Alberto Fernández.
El jueves 20 levantaron el acampe
y movilizaron a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de
Victoria Tolosa Paz, ubicado en el cruce de las avenidas 9 de Julio y
Belgrano, donde rodearon el edificio
con ollas vacías. Desde la Unidad Piquetera comunicaron: «instalamos
ollas vacías para que la ministra Tolosa Paz se haga cargo del ajuste
que está haciendo contra los que menos tienen, a la medida del FMI.
Hasta los propios funcionarios oficialistas que integran
el ministerio de Desarrollo han salido a criticar a la ministra Tolosa
Paz por el ajuste contra los que menos tienen», destacan.
En la misma línea, agregan: «en medio de una
escalada inflacionaria pretenden seguir recortando los únicos ingresos
que tienen las familias más humildes de este país con el único objetivo
de pagar una deuda
que es ilegal e ilegítima y que el pueblo no ha adquirido. Mientras
tanto, persiguen y criminalizan a quienes nos organizamos para llevar un
plato de comida y trabajo a cada hogar. No vamos a quedarnos de brazos
cruzados y no vamos a permitir que la clase
trabajadora pague los platos rotos de la fiesta de los ricos», remarcan.
Entre otras exigencias, las organizaciones
sociales reclaman la «asistencia integral a los comedores», la «apertura
del programa Potenciar Trabajo para los que lo necesiten», «ninguna
baja ni ajuste en la asistencia
social» y el «cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales
para los emprendimientos productivos».
Las marchas de antorchas y acampes también se replicaron en otros puntos del país, como Formosa, Paraná, Neuquén, entre otros.
Compartimos
comunicado:
Los alarmantes datos de la inflación con casi el 10 % de aumento en los
alimentos en un solo mes y suman más del 20 % en el trimestre dan
muestra del total fracaso del programa de sometimiento al FMI del
ministro Massa, una catástrofe para los que vivimos de
nuestros salarios.
Estos datos solo confirman lo que vemos todos los días en los barrios obreros:
¡crece la desocupación, crece el ajuste y crece el hambre!
¡Hasta los propios funcionarios oficialistas que integran el ministerio
de Desarrollo han salido a criticar a la ministra Tolosa Paz por el ajuste contra los que menos tienen!
El
sometimiento al FMI está produciendo un desastre sobre millones de
trabajadores
y se aprestan a golpear aún más, 400.000 bajas del Potenciar Trabajo que
exige el FMI, insaciable pide ajuste y más ajuste, el Gobierno
obediente lo lleva adelante.
Sin embargo, no alcanza solo con bajar planes, van por los jubilados y por
los salarios y convenios de los trabajadores.
Por eso es necesaria una enérgica acción de los trabajadores para frenar
el ajuste y el hambre y echar al FMI.
Desde la Unidad Piquetera vamos a ganar las calles desde el miércoles retomando
el plan lucha con los reclamos que la Ministra del ajuste del FMI se niega a recibir.
Si no hay respuestas iremos a llevar los reclamos al Presidente Fernández, ya que tiene funcionarios que no funcionan.
Andrés Calamaro manifestó su apoyo con la lucha piquetera
El
músico Andrés Calamaro brindó su apoyo y solidaridad con las
organizaciones de la Unidad Piquetera que anunciaron una jornada de
lucha que comenzó el miércoles
19 con una marcha de antorchas desde el Puente Pueyrredón (Avellaneda)
hacia Plaza de Mayo.
“Transmito mi adhesión y solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero, que reclama alimento dignidad y trabajo. Un fuerte abrazo”, fueron las palabras que divulgó el artista por medio de un video que ya circula en las redes sociales y que reivindica la acción de los trabajadores desocupados y precarizados ante la política de ajuste del gobierno y sus ministros.
Seguimos en la lucha del movimiento piquetero
Por MULCS
El
4 y 5 de abril, en dos nuevas jornadas de lucha, desde el MULCS, junto
a las organizaciones de la Coordinadora por el Cambio Social y del
conjunto de la Unidad Piquetera, seguimos luchando con fuerza contra las
políticas de ajuste del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por
Tolosa Paz. Estas jornadas de movilización popular
se enmarcan en los planes de lucha crecientes del movimiento piquetero,
que deberán confluir con el conjunto de las luchas de nuestro movimiento
obrero y popular.
El
martes 4 de abril estuvimos movilizades frente a las oficinas del
Ministerio,
en el centro porteño, junto a Libres del Sur y el MST Teresa Vive,
reclamando todos los incumplimientos con acuerdos que son el resultado
de la lucha masiva y organizada.
El
5 de abril estuvimos con fuerza en el Puente Pueyrredón, y en nuevos
reclamos en las zonas más enriquecidas de la ciudad, en Puerto Madero,
volviendo a reclamar contra la inflación creciente, que repercute
especialmente en los alimentos básicos de la canasta popular, y
significa cada día más pobreza y más hambre en los barrios
populares.
Seguiremos
adelante en el plan de lucha del movimiento piquetero, buscando
ampliarlo a más organizaciones populares, contra los planes de ajuste en
curso. El ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores más
empobrecides de nuestra clase, que golpea con fuerza contra
precarizades, movimientos territoriales y la inmensa mayoría
de les jubilades que cobran ingresos insuficientes, es el resultado del
acuerdo entre el Gobierno con el FMI para el pago de la deuda ilegítima
contraída por el Gobierno de Macri.
La única lucha que se pierde es la que se abandona.
La deuda es con los pueblos, no con el FMI.
El derecho a reclamar es un derecho básico universal
En
la mañana del 24 de abril frente al Palacio de Justica de la ciudad de
Córdoba se llevó a cabo una conferencia de prensa organizada desde la
multisectorial
que nuclea organizaciones de distintos ámbitos.
Organizaciones
sociales piqueteros, sindicatos, partidos, activistas ambientales,
organismos de Derechos Humanos, entre otros, se expresaron ante las
injustas
imputaciones «promovidas por el poder político» que intenta amedrentar a
las organizaciones sociales que se expresan ante la crisis social y
económica.
Estas
últimas imputaciones se ejecutaron ante los supuestos reclamos de
comerciantes que no pueden vender por las movilizaciones. Argumento
desenmascarando
cuando en la audiencia pública que hicieron para imponer esta medida se
vio que en el eje de la discusión tenía que ver con un interés de sacar a
los luchadores sociales de las calles. Confesando públicamente que
hacen inteligencia dentro de las organizaciones.
El dirigente del Polo Obrero, quién también se encuentra imputado por la justicia cordobesa, Emanuel
Berardo, enfatizó: «Los trabajadores no debemos pagar la
crisis a la que nos han arrojado quienes gobiernan alternándose en el
poder desde hace 40 años. En un país con más de la mitad de las
infancias en la pobreza, donde la inflación pulveriza
los ingresos de los trabajadores día a día, mientras se continúa
beneficiando a los banqueros, patronales y el campo que se fugan los
capitales de nuestro país; el
derecho a reclamar es un derecho básico elemental.
Ningún pueblo puede ser obligado a asistir mansamente a la degradación
de sus condiciones de vida. Más que nunca es imperioso defender el
derecho a la protesta social y las libertades democráticas.
Desde la multisectorial, en un frente único de lucha, llamamos a
organizarnos y a poner en pie una movilización popular que derrote la
intentona derechista y represiva del gobierno de Schiaretti».
Por otro lado, Agustín
Nazar, referente del Movimiento Teresa Vive, imputado por luchar, se presentó este lunes a las 13:30 en Tribunales II. Desde el MST, lo acompañó la legisladora Luciana
Echevarría y una gran movilización de trabajadores
ocupados y desocupados, jóvenes, activistas ambientales y feministas,
referentes sindicales, entre otros.
Al respecto, Nazar dijo: «Es
un nuevo ataque de Schiaretti a los movimientos sociales. Los proyectos
para criminalizar la protesta, el fallo represivo de Fernández López y
ahora las imputaciones, son parte del proyecto de este gobierno, que
quiere sacarnos de la calle, pero no de la pobreza. Con
40% de la población pobre y un 50% de asalariados en la informalidad, es
lógico que salgamos a luchar. El 5 de marzo salimos a pedir comida de
calidad para los comedores y la repuesta es querer meternos presos. Por
eso hoy vamos a llenar las calles nuevamente
con nuestras demandas hasta que se caigan las imputaciones y se escuchen
nuestros reclamos».
La
Legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU) agregó: «Se trata de un
avance en la criminalización de la protesta, que tiene como objetivo
disciplinar a todos
los que luchan. La situación del país es muy crítica, los que hoy
gobiernan y los que se proponen como alternativa, van a aplicar cada vez
más ajuste y para eso quieren endurecer al máximo la represión. Pero
el conflicto social no se resuelve con palos: ni la docencia, ni los
trabajadores de la salud, ni los movimientos sociales, ni los activistas
ambientales, van a dejarse amedrentar. El derecho a la
protesta es elemental porque con él se defienden
los ya existentes y se conquistan nuevos, por lo tanto, su defensa es
una tarea de todas las personas y organizaciones que se reivindican
democráticas, a todas ellas las llamamos a levantar la voz contra estos
atropellos. Desde nuestro lugar vamos a redoblar
las movilizaciones para enfrentar este ataque».
A
su turno, Eduardo “Chiquito” Belliboni explicó que la política
represiva que está detrás de las imputaciones de lxs luchadores en
Córdoba tiene que ver con
una orientación de todos quienes gobiernan. En ese sentido, describió el
cuadro de criminalización de la lucha piquetera en provincias como
Jujuy y Mendoza. Afirmó que quienes gobiernan no podrán imponer mediante
la represión e imputaciones un ajuste al pueblo
del Cordobazo.
También
tomaron la palabra desde ATE e investigadores de CONICET, vecinos y
vecinas imputadxs del Valle de Punilla, referentes de organizaciones
sociales entre
otros dirigentes sociales.
Cabe
recordar que en la Multisectorial convergen organizaciones de Derechos
Humanos, sindicales, sociales y políticas que vienen impulsando una
agenda en defensa
del derecho a luchar. En ese sentido, la conferencia de prensa fue parte
de un plan de acción que incluye la realización de una movilización
para las primeras semanas de mayo.
En
declaraciones a diferentes medios de comunicación Soledad Díaz,
dirigente del Partido Obrero y precandidata por el Frente de Izquierda,
quién se encuentra
entre los imputados declaró: “estamos frente a un grave hecho de
persecución política. Juan Schiaretti prepara un estado represivo
violatorio del derecho a la protesta social y las libertades
democráticas. Las imputaciones, el fallo del Juez Fernández López,
y los proyectos anti piquetes que impulsan en la Legislatura dan cuenta
de una campaña derechista en la provincia”.
“El
ajuste y la pobreza empuja cada vez a más sectores a las calles, en
Córdoba se moviliza el movimiento piquetero, pero también los docentes y
estatales
por el salario, las mujeres y disidencias y el movimiento ambiental,
entre otros. El repudio y el rechazo a las políticas criminalizadoras es
una tarea central de todos los que resistimos el ajuste, por eso, esta
multisectorial se ha colocado a la cabeza de
la organización y ya nos encontramos preparando la movilización popular
para defender el derecho a la protesta social en un cuadro de
agudización de la crisis”, agregó Soledad.
En
la conferencia de prensa, uno de los denominadores comunes fue la
denuncia de que la represión a la lucha contra el hambre y la pobreza
tiene que ver con
que el PJ provincial pretende hacer pasar el ajuste desconociendo
garantías constitucionales. También se destacó la necesidad de continuar
construyendo la unidad de acción del conjunto de las organizaciones.
La conferencia concluyó con la lectura de la declaración que la Multisectorial elaboró para rechazar las imputaciones y denunciando el curso represivo del gobierno de la provincia. El texto recogió la firma de sindicatos combativos como el de lxs trabajadores petroquímicos y químicos de Río Tercero, el Sutna, Municipales de Jesús María, ATE-CTA. También adhirieron el sindicato gráfico, el Suoem, junto a decenas de agrupaciones docentes y organizaciones ambientales.
Repudian imputación judicial al Secretario General de la CTA Autónoma Córdoba
Comunicado de prensa a raíz de la imputación de Federico Giuliani por intervenir
como orador en la Marcha contra el Hambre
La
CTA Autónoma de la provincia de Córdoba rechaza, denuncia y repudia
que, como consecuencia de la ofensiva judicial, política y mediática
destinada a criminalizar
la protesta social que se desarrolla para frenar el ajuste en marcha, se
impute al Secretario General de la Central y de ATE Córdoba, Federico
Giuliani, por intervenir como orador en la Marcha contra el Hambre
organizada por la Unidad Piquetera el pasado 5
de abril en la ciudad Capital”, señala un comunicado de prensa.
Y
añade: “Al mismo tiempo que el Gobernador Juan Schiaretti lanzaba ayer
en el Hotel Quórum la campaña electoral del ‘Cordobesismo’ de cara a los
comicios
del 25 de junio, Giuliani recibía por interpósita persona una citación
judicial de manos de la Policía haciéndole saber que queda citado a
comparecer ante la Fiscalía del Distrito Cuatro Turno Uno, sita en la calle Fructuoso Rivera 720 de barrio Observatorio
el día 13 de abril a las 14:30 acompañado de su abogado defensor”.
“La
citación agrega que el trámite tiene que ver con lo referente a las
actuaciones sumariales caratuladas a prima facie como ‘actuaciones
labradas’ de fecha
5 de abril, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de
Instrucción del Distrito Cuarto Turno Uno”, indica la nota.
Para
la Central, “a la hora de criminalizar la protesta no hay ‘grieta’ que
valga entre una dirigencia política que actúa como gendarme de los
intereses del
poder real para acallar los reclamos de los que padecen en carne propia
todos los días la injusticia social. Finalmente, el ajuste solo cierra
con represión”.
La
CTA-A afirma: “No llama la atención la enorme distancia existente entre
el accionar de jueces y políticos con el pueblo, ni que la mayoría de
la gente descrea
de esta democracia controlada y de una Justicia adicta, cuando en lugar
de debatir y resolver los problemas que afectan a la mayoría de la
población, tanto en el ámbito judicial como en el legislativo se
preocupen en coartar el legítimo derecho a la protesta”.
“Salimos
a la calle para luchar contra el régimen de saqueo y explotación que
mantiene a empleados públicos y privados en la pobreza; precarizados en
la indigencia;
jubilados en la miseria; con el hambre campeando en las barriadas
populares, mientras crece el conflicto de docentes y trabajadores de la
salud, y los habitantes del Palacio de Justicia, la Unicameral y El
Panal reniegan de la Justicia Social ofreciendo garrote
a los que levantan su voz para denunciar el contubernio que promueve una
sociedad de desiguales, con pobres cada vez más pobres y ricos cada vez
más ricos”, concluye la declaración de la CTA Autónoma de la provincia
de Córdoba.
Río Negro contra la criminalización de la lucha popular
Reproducimos comunicado de las organizaciones convocantes en la zona
“El jueves 30 de marzo, la plaza principal de Fiske Menuco se
convirtió en una plaza por la
justicia y la unidad de las luchas. Con participación de organizaciones
criminalizadas por organizarse y luchar de las provincias de Rio Negro,
Chubut y Neuquén, más el acompañamiento de organismos de Derechos
Humanos nacionales y regionales se llevó a cabo
una jornada de lucha que marcó el camino para unificar las defensas ante
la represión y criminalización de la protesta.
Si bien ya se había solicitado una audiencia a la Cámara Federal
de Apelaciones, la justicia
se negó a recibir a los organismos, quienes buscaban expresar ante les
jueces su profunda preocupación en relación diferentes causas a
luchadores sociales, políticos y sindicales que radican en el Juzgado
Federal de General Roca. En el acto realizado frente
al Juzgado, denunciaron intervenciones racistas y de violencia de género
contra las detenidas mapuche y la criminalización de las prácticas
organizativas de los movimientos sociales.
“Lo que hacen es muy grave, ya que atacan a movimientos sociales
que trabajan en barrios populares
y que lo hicieron durante la pandemia evitando una catástrofe mayor que
la que sucedió”, manifestaron representantes del CELS (Centro de
Estudios Legales y Sociales), quienes además pidieron que “se debe
aplicar la propia jurisprudencia de este juzgado ya
que en otras causas ha entendido que los cortes de ruta y la protesta no
es delito”. Por su parte, desde el SERPAJ, en el marco del Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia, sostuvieron: “Estamos muy preocupades por la
situación de persecución que se da en todo
el país, y hoy particularmente en la zona sur. Al poder judicial y al
poder político le decimos que esto no se soluciona persiguiendo a les
compañeres que colectivizan lo que ellos quieren que sea individual.
Somos comunidades, somos pueblos. Lo único que
pedimos es la dignidad de la vida ni más ni menos. Aguas sin cianuro,
tierra sin plomo, y la riqueza que pertenece a nuestro pueblo”.
Entre los principales planteos se impulsó la libertad de las
detenidas mapuche, el cese y
sobreseimiento de causas por la lucha en Chubut, por el elefantazo en
Neuquén, contra les compañeres del FOL de Fiske Menuco y de militantes
del Partido Obrero. Asimismo, se expresó la solidaridad a integrantes de
la CTA Autónoma judicializados en el marco
del reclamo de tierra para vivir y el apoyo a las luchas docentes de Rio
Negro y de Universidades Nacionales que en este momento están de paro
entre otras luchas que confluyeron.
Valoramos fuertemente la participación de todas las organizaciones
sociales y políticas, sindicales,
partidos, organismos y a la comunidad en general, que se hicieron
presentes. La unidad conquistada en la Plaza de la Justicia es la mejor
respuesta y marca el camino para enfrentar la política de un Estado y su
Poder Judicial que elije perseguir y ajustar,
más que desarrollar e invertir en políticas que garanticen derechos. La
lucha y la unidad son más que nunca la respuesta para que se respeten
los Derechos Humanos y realmente digamos nunca más.
¡Contra de la criminalización de quienes luchan y se organizan!
¡Por la absolución de todas las y los luchadores!
¡Por la libertad de las presas políticas mapuche!
¡Organizarse en los barrios populares y luchar por trabajo digno no es delito!
¡Defender el territorio no es delito!
¡Luchar por mejores condiciones laborales no es delito!
¡Luchar por la defensa de la salud y la educación no es delito!
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro
Trabajadorxs de salud de Neuquén
Partido Obrero – Polo Obrero
Multisectorial No a la Mina Trelew
CTA Autónoma – Viedma
Wallmapu Rebelde – Viedma
FOL en la Coordinadora por el Cambio Social”
Chubut: procesan a 23 vecinas y vecinos
El jueves 27 de abril se conoció que el
Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a 23 vecinas y vecinos de
Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta el 3 de
mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa
Popular contra la Megaminería.
No se hicieron esperar los primeros repudios al fallo criminalizador de la protesta social: la Asamblea
No a la Mina de Esquel expresó «todo el repudio ante la criminalización de nuestros vecinxs.
¡Luchar por el agua no es delito!», remarcó la asamblea, que además convocó
a una asamblea urgente para este sábado 29 de abril a las 19:00 en el Salón de la Cooperativa (ubicada en Avenida Alvear 767), para tratar el Proyecto de Soberanía Energética presentado por el gobernador Mariano Arcioni y el aumento de
la criminalización de la protesta.
«Debemos
prepararnos para enfrentar una nueva embestida del gobierno contra el pueblo de Chubut. ¡Los esperamos! Es muy importante que nos comprometamos y participemos activamente», agregaron.
Por su parte, el Colectivo
de Comunicadorxs de Chubut expresó que «observa con
preocupación la creciente criminalización de la protesta social»
mientras «avanza la inmunidad de las fuerzas represivas con casos de
abusos policiales y gatillo fácil, como el reciente asesinato
de Lautaro Labbe, de 16 años, en Comodoro Rivadavia, en un contexto
social y económico marcado por el ajuste y el derrumbe de las
condiciones de vida de lxs trabajadorxs».
En la misma línea, agrega: «de este modo avanzan
los procesamientos y condenas contra lxs más perjudicadxs por la
política de ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y
provincial.El
accionar de la justicia tras el Chubutazo de 2021, cuando una pueblada
consiguió con constantes marchas la derogación de la ilegítima ley que
aprobó que aprobó la megaminería, lo resume. Con
sus fallos, entendemos, la justicia es una parte fundamental de las
políticas implementadas en un rumbo preocupante: recortes en Salud y
Educación durante los últimos seis años y ampliación de gastos en
esferas tendientes a reforzar el aparato de las fuerzas
policiales. Porque el ajuste sólo se puede implementar con represión».
En tanto, el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarcó en sus
redes sociales: «la justicia federal procesó a 23 vecinxs de Rawson,
Trelew y Puerto Madryn por cortar la ruta. El martes, la docente Estela
Juárez fue condenada por el mismo delito. Mucha
jurisprudencia establece que un corte en contexto de protesta social no puede ser interpretado como delito.
Las 23 personas que hoy fueron procesadas se habían movilizado en 2021
porque el gobierno provincial no quiso hacer lugar a una iniciativa
popular contra la megaminería. Se criminaliza a defensorxs del medio ambiente. #ProtestarNoEsDelito».
«La criminalización de la protesta y toma de decisiones a espaldas de la población son problemas cada vez más frecuentes ligados a la expansión del extractivismo. Chubut es una de las provincias donde estas situaciones se reiteran», señalan desde el organismo de Derechos Humanos.
Escala la criminalización de la protesta social en Chubut contra trabajadoras/es, vecines y asambleístas
El fallo es una nueva muestra de la escalada
de la criminalización de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, que se suma al fallo de la jueza correccional, Marta
Yañez, que condenó
a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social,
el Transporte Educativo y los edificios escolares.
En
una conferencia de prensa donde estuvo acompañada de su abogada
declaró: «Fuimos y somos víctimas de un sistema perverso que trata de
llevarnos a un estado
de creernos degradados. Hoy recibo el peso de la ley. Pero yo no tengo
el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mí,
porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy
no tengo que bajar los brazos. Nos quieren
esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando», expresó docente
condenada, que trabaja como maestra de grado en escuelas primarias y
profesora de Lengua en secundarias.
Ambos fallos criminalizadores de la protesta social también deben entenderse en el marco del Proyecto
de Ley 019/23 extractivista presentado por el gobernador Mariano Arcioni
en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de
energía,
la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional.
Una ley que rápidamente generó el repudio y rechazo de asambleas ambientalistas, como la Asamblea No a la Mina de Esquel, que expresó: «¿Nuevas fuentes? Litio, petróleo offshore, ¿qué más? No es no». En tanto, laAsamblea de Vecinos Rawson Playa Unión en contra de la Megamineríaremarcó que el proyecto «constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abriría otra vez con la creación de una supuesta disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la política de recursos que afectarían al agua, mar y tierra, y a la explotación de la totalidad de los bienes comunes, empezando por lo energético, que concluiría en la energía nuclear y, en consecuencia, la futura megaminería».
Morales usa el Código contravencional para multar y perseguir la protesta
social en Jujuy
En
Jujuy el gobierno de Gerardo Morales usa el Código Contravencional para
multar y perseguir a las organizaciones sociales que realizan protestas
en las calles para pedir trabajo, alimento y mejores condiciones de vida
para los excluidos.
La
Asamblea Trabajo y Dignidad por el Cambio Social (ATD) y otras
agrupaciones
fueron citadas a una audiencia por parte del gobierno por haber
protagonizado reclamos contra la gestión de Morales, que aplica la ley
contravencional.
“Claramente
es un mensaje disciplinador para quienes están en organizaciones
sociales, comunitarias, políticas, para que no puedan expresar
libremente el reclamo por los cuales están conformados o nucleados”,
denunció Roberto Aragón, referente de ATD.
El dirigente social subrayó que las organizaciones libres del pueblo “le
están haciendo frente a un montón de situaciones de pobreza, indigencia, falta de alimento, como en Alto Comedero”.
“Vemos
que cada vez la situación está empeorando y hay cada vez más pobres,
se conocieron los datos del Indec y más de la mitad de los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país están en situación de pobreza e
indigencia”, reclamó.
Las multas por contravención que aplica el gobierno jujeño son altísimas, algunas de ellas llegan a los 650.000 pesos, detalló Aragón. “Es una tremenda aberración porque están reclamando por derecho a la alimentación, por más garantías, con personas que están sufriendo la angustiante situación económica”, opinó.
Día de la Lucha Campesina
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó distintas
ferias a nivel nacional por el Día de la Lucha Campesina y una de ellas fue junto al río de San Marcos Sierras, en Córdoba.
La organización estuvo a cargo de La Dignidad y el Movimiento de Trabajadores
Excluidos (MTE) con el objetivo de visibilizar la producción agroecológica del pueblo cordobés.
“El
objetivo es mostrar la situación del movimiento campesino en Argentina,
en este caso en Córdoba y en el departamento Cruz del Eje; del
movimiento agrario, los pequeños productores, que dan de comer con su
producción al 60% de la población”, manifestó Federico Martez, referente
del MTE.
Marisa Breit, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAF), destacó la participación del movimiento La Dignidad y el MTE. “No va a ser la única vez porque venimos trabajando en un proyecto producto que vamos a presentar de manera conjunta”, expresó.
El plan es trabajar
Por Mariano Pagnucco
Autogestión,
compañerismo y superación son los valores que comparten las
cooperativas
beneficiadas por el Potenciar Trabajo, el programa estatal que a fuerza
de campañas mediáticas y prejuicios sociales quedó asociado a “los
planeros”. Recorrimos el conurbano bonaerense sur para conocer las
historias que no salen en los noticieros.
Para entender los odios argentinos hay que mirar la frontera. Allá, se supone, está
el enemigo. En algún tiempo fue el indio; después, el gaucho. En esta era de multipantallas, la
frontera (grieta) es el conurbano bonaerense y el enemigo un fantasma
que recorre los hogares argentinos que miran la realidad desde la
pantalla televisiva: los planeros.
Esa
construcción en abstracto (una especie de ejército de zombies que
pueden subsistir con un dinero estatal que representa la mitad de un
salario mínimo)
es la expresión de otra frontera y otra
grieta. La del histórico trabajo asalariado, formal y con derechos, y una
economía popular que nació como respuesta ante los agujeros del mercado y
se ha consolidado como la única salida laboral para millones de
personas. Por eso en la frontera, cada vez más difusa entre los bandos, hay odios.
“Llegué
a la organización porque el sistema de trabajo me había cerrado las
puertas, estuve tres años buscando», dice Érica (39).
“Acá
hicimos un proceso de cambio de pensamiento, porque uno llega con un
pensamiento individual de salir adelante y acá cambié la manera de
pensar, de ver, de ser solidaria con mis compañeros, involucrarme, dar
una mano”,
dice Elisabet, 48 años, integrante de una cooperativa textil en
Almirante Brown. Acá es una zona de casas bajas cercanas al barrio Don
Orione de Claypole. Acá es, también, donde un dedo señala hacia una
calle de tierra que se prolonga a lo lejos: “Unas cuadras
para allá vivía Darío”.
Darío
(Santillán) es frontera de espacio y de tiempo. Uno de los piqueteros
asesinados en la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002. La
bandera del Frente
Popular que lleva sus nombres y donde Elisabet y otras miles
de compañeras sostienen tareas comunitarias todos los días: limpieza, cocina, educación, panadería, textil.
Desde la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos
perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo), les
hacen frente a los prejuicios y también al contexto de ajuste económico.
Elisabet,
que conoció a Darío en el territorio más de 20 años atrás, tuvo que
atravesar su propia frontera de conceptos para situarse en una
organización social.
“Quienes venimos con una idea más egoísta, que traemos de nuestra
familia, acá la cambiamos”, reconoce. En estos años incorporó los verbos
contener, acompañar, compartir. “Que no piensen que somos piqueteros
vagos y violentos, eso nos enseñó nuestro compañero
Darío”.
Hay
un objetivo claro para las cooperativas del Frente Popular Darío
Santillán (FPDS)
y otras agrupaciones territoriales que dan la pelea en los barrios
periféricos y en las calles del centro porteño: el plan verdadero y
deseable es trabajar.
Una economía popular que nació como respuesta ante los agujeros del mercado y se ha consolidado como la única salida laboral para millones de personas.
La marca del cooperativismo
El FPDS apostó en los últimos años por impulsar sus espacios productivos e incluso
lanzó marcas propias: en
panadería, el sello es Doña Ramona (en homenaje a la cocinera de la Villa 31 de Retiro fallecida durante la pandemia de Covid-19) y
en el rubro textil, Kallpa. Esta palabra de origen
quechua, que se traduce como “fuerza”, es una pista del empuje que trae
el trabajo autogestionado por la organización como sostén económico para
muchas personas expulsadas del mercado laboral.
En
una habitación sencilla junto a un comedor comunitario donde también
funciona un bachillerato popular, en el barrio El Cerrito (partido de
Almirante Brown,
conurbano sur), hay una
ronda de mujeres alrededor de una larga mesa donde habitualmente se
doblan y preparan las prendas textiles que produce el taller que allí
funciona. Esta mañana vinieron compañeras de otros talleres (Lanús y Esteban Echeverría) para contar su
experiencia cooperativa. Circula el mate y la palabra.
Érica (39): “Llegué
a la organización porque el sistema de trabajo me había cerrado las
puertas, estuve tres años buscando. Acá me abrieron las puertas y
encontré muchas cosas. Una
de las primeras cosas que encontré fue contención y también muchas
oportunidades para poder crecer, no sentir que no sos nada en un país
donde te cierran las puertas por tener cierta edad”.
Ivana (40): “Yo
coso hace mucho. A la organización llegué con algunos problemitas y me
ayudaron. Cuando supieron que sabía coser me abrieron la puerta de la
textil. Cuando
vine por primera vez dije ‘éste es mi lugar’, porque amo coser, amo las máquinas, amo transformar las telas”.
Es santiagueña y tiene tres hijxs a cargo. “Si yo fuera a trabajar en
una fábrica, pierdo la oportunidad de estar con mis hijos, pero
acá en la organización pueden venir mis hijos”.
Desde
la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos
perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo),
les hacen frente
a los prejuicios y también al contexto de ajuste económico.
Pastora (50): “Yo
soy extranjera, llegué a mis 19 años buscando nuevos horizontes,
directamente al rubro textil”. Cuando se sumó al FPDS, hace seis años,
tenía prejuicios: Sus prejuicios: “Había escuchado eso de que los
piqueteros ganan todo gratuitamente, pero la realidad
no es así. Cuando se abrieron los productivos yo me sumé a textil. Decían
de los piqueteros que cortan la calle y perjudican, pero no era así.
Cuando me sumé me di cuenta que no era así, ahora me gusta salir a la
calle porque sé que con la lucha todo se consigue”.
Romina (42): “De
chiquita me gustaba coser y a los quince mi papá me regaló una máquina familiar. Con
mis hermanas salíamos a vender por Solano la ropa que fabricaba él. A mí
siempre me gustó la costura, las polleras que me gustaban me las hacía
yo”. La primera vez que entró al taller de Lanús le dieron una máquina recta, que ella conocía bien,
y resolvió el trabajo rápido. Sus compañeras bromeaban: “Y eso que le dimos la máquina más capichosa”.
Irma (53) destaca
el rol de Mónica,
una referenta textil de Lanús que falleció el año pasado: “Fue muy importante en nuestras vidas, nos tuvo paciencia y nos enseñó. La extrañamos”. Se emociona. “Yo
no sabía nada de máquinas, aprendí pasando, mirando, haciendo trabajos de mano. Ella nos fue capacitando. Ahora tenemos nuestra marca, estamos contentas, juntas, seguimos aprendiendo”.
El
FPDS apostó en los últimos años por impulsar sus espacios productivos e
incluso lanzó marcas propias: Doña Ramona (panadería) y Kallpa
(textil).
Rocío (38):
“Toda mi vida quise aprender, pero nunca tuve la oportunidad de tener
una máquina”. Después
de trabajar algunos meses en limpieza (“no pagaban nada”), se acercó a
un taller de costura que daba Mónica. “Al principio no sabía prender ni
una máquina”, confiesa, pero después quiso sumarse a la rama productiva.
“En limpieza no me prestaban atención, me
pasaban por al lado con desprecio. Acá nos ayudamos entre todas y
colaboramos, siento que tengo mi lugar”.
Las tareas que asume el Frente se entrelazan: gracias
a los bachilleratos populares, algunas compañeras aprenden a leer y a
escribir o terminan el Secundario; gracias a las tareas de cuidado,
pueden llevar a sus hijos al taller cuando no están en la escuela.
Desde lejos no se ve
A Pablo
“el Chino” Barbosa, uno de los coordinadores de las unidades
productivas del Conurbano sur, el sol le pega en la
cara. A sus espaldas hay un mural que recuerda a Darío Santillán y Maxi
Kosteki. “Las marcas surgen de un proceso de varios años de discutir un
modelo de trabajo. El
trabajo como lo conocimos hace 10 años está agotado y una porción muy
grande de la población no va a ser absorbida ni reincorporada por el
mercado. Nuestro desafío, además de sostener el esquema socio-comunitario, es pasar a una matriz de producción
y pensar qué tipo de economía y de producción queremos”.
En los talleres textiles se trabaja de lunes a viernes, generalmente en turnos de cuatro
horas que pueden variar en función de la demanda. Los
meses más duros de la pandemia les tocó producir kits sanitarios
(cofias, camisolines
y cobertores de calzado). Recientemente fueron adjudicados en una
licitación pública para producir guardapolvos escolares, pero la traba
es un importador de EE UU que no trae la tela al país.
Pablo:
“Queremos ir desarollando catálogos con los productos propios para
salir a un nivel de mercado mayor al que tenemos hoy, salir del esquema
comunitario
para pasar a una matriz más productiva a mediana escala. Queremos
salir con la marca propia que represente también el espíritu del
cooperativismo tal como lo entendemos en el Frente y con los aportes de
varios años de la economía popular”.
Los cuatro polos textiles (Almirante Brown, Lanús, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora)
dan trabajo a unas 20 compañeras. La intención es sumar más gente y alcanzar la especialización,
que cada taller se encargue de una tarea
(corte, confección, terminación) para articular entre ellos y así
fortalecer la marca: “Kallpa es producto del esfuerzo y de años de
discutir y pensar nuestro rol en la economía popular y la vinculación
con el mercado de trabajo. Kallpa expresa la iniciativa
de un grupo de compañeras de entenderse parte de un proceso cooperativo
que no solo jerarquiza las relaciones de producción, sino también un
sentido de pertenencia a una organización, a una unidad productiva. Y
está el
espíritu del cooperativismo: que más allá de forjar una trabajadora o un trabajador, forja una conciencia colectiva”.
«Decían
de los piqueteros que cortan la calle y perjudican. Cuando me sumé me
di cuenta de que no era así, ahora me gusta salir a la calle porque sé
que con
la lucha todo se consigue», reflexiona Pastora (50).
Dentro del taller siguen circulando el mate y la palabra, en un alto en el trabajo para la visita de Cítrica.
Érica: “La palabra kallpa es
fuerza, así que tenemos muchísima fuerza para seguir en este proyecto. Con esto pretendemos
tener una economía autónoma, que no dependamos ni del Estado ni del
Gobierno de turno ni de nadie. Simplemente queremos tener un plato de
comida, una vivienda digna con nuestro trabajo. No le estamos pidiendo nada a nadie, simplemente una oportunidad”.
¿Por qué la estigmatización a quienes, como ellas, se benefician con el Potenciar Trabajo, que otorga a
cooperativistas un ingreso mensual equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil (35 mil pesos en marzo)?
Ivana:
“Yo cambié la idea sobre los piqueteros, porque yo sí venía a trabajar,
no sé por qué tienen la idea de que una cobra y no hace nada. Esta
organización
trabaja, cumple las horas de trabajo, produce. Nosotras hacemos textil,
pero también hay panadería y otras tareas”.
Érica suma: “Nadie
viene a ver las horas que estamos en la máquina cosiendo, nadie viene a
ver a las compañeras que cocinan, nadie viene a ver a los compañeros de
construcción, nadie viene a ver lo que realmente somos. Lo que circula
es eso, que salimos a cortar la calle por
un plan. Nosotros no salimos a cortar la calle por un
plan, salimos a cortar para tratar de cambiar el sistema que nos oprime
continuamente. ¿Cómo puede ser que a los 39 años no consiga trabajo
porque soy vieja? Es ridículo”.
En el último año se conformaron 30 cooperativas cannábicas
Mientras corre el rumor de que el Gobierno Nacional va a poner en marcha
la Ley
27.669 de producción industrial de cannabis
medicinal(sancionada en mayo del 2022), las
cooperativas y mutuales crecen en la producción de semillas y aguardan expectantes a que se reglamente la norma. De publicarse en el Boletín Oficial, accederían licencias para hacer aceites,
cosméticos, alimentos, entre muchos otros productos derivados de la planta de marihuana.
Así las cosas, en Argentina hoy no pueden existir «cooperativas
cannábicas» ya que, si bien el artículo 12º de la Ley 27.669 le confiere al Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la facultad
de dictar normativa específica en la materia no puede avanzar en ese
sentido hasta que la ley se reglamente. A pesar de esto, desde el
organismo dijeron a este medio que «en
diciembre del 2021 se avanzó en un Convenio Institucional de cooperación
entre nuestro Instituto y el Instituto Nacional de la Semilla (INASE)
con el objetivo de promover políticas que favorezcan la soberanía
nacional en materia de semillasy
puedan acceder a esta industria a los sectores del asociativismo y la economía social».
Gracias al convenio INAES-INASE, hoy
existe un objeto social específico de cooperativas de trabajo que se
dedican a la producción de semillas y actividades conexas (órganos de
propagación de la planta de Cannabis Sativa L). Ahora bien, tener
la autorización para funcionar y la matrícula habilitante no implica la legalización de un cultivo de cannabis.
Para llegar a ese paso sin riesgo de tener una causa penal, falta la
tan deseada reglamentación de la Ley, un tema muy exigido en
cada reunión de la Mesa de Trabajo de Cannabis de uso medicinal y cáñamo
industrial del INAES, que funciona desde 2022.
Lo cierto es que, en menos de un año, se
conformaron 30 cooperativas de producción de semillas con asiento en diversas regiones de nuestro país, según datos del INAES.
Estas entidades se registraron en el INASE como criaderos y hasta pueden
inscribir sus propias genéticas contemplando la producción cooperativa
desde el inicio. Así, el asociativismo va adquiriendo experiencias en el
marco normativo actual y se curten para
que, cuando se reglamente la Ley, puedan ubicarse en los diversos
eslabones de la cadena.
«En Argentina construimos una cultura cannábica de mucha resistencia, de
más de 20 años, que consiguió esta Ley. Y nos merecemos que el Estado nos ayude a poder convertirnos
en pequeños productores, a cooperativizarnos, a tener las licencias a menos costos que las empresas», Valeria
Salech, presidenta de la organización Mamá
Cultiva Argentina.
Hablaba del potencial del sector y la importancia de se ha tenido en cuenta
como un actor clave de la producción: «necesitamos que esta ley se reglamente con una mirada social».
La coordinadora Mesa de Cannabis de Uso Medicinal y Cáñamo Industrial del
INAES, Bárbara Witko, aseguró que «las
cooperativas y mutuales pueden tener efectivamente un rol central en el
desarrollo de la industria y es fundamental que se puedan generar
circuitos administrativos que contemplen a la economía social y popular
como protagonista». En ese sentido,
remarcó que «la presencia del asociativismo puede ayudar a garantizar la
no concentración de estas cadenas, apostando al trabajo local».
El Jefe de Gabinete del INAES, Jonathan
Thea, reconoció ante la consulta de ANSOL que «las cooperativas agropecuarias
son un buen ejemplo de la extensión y fortaleza en los eslabones primarios de la producción». Pero dentro de la economía social, dijo Thea, «el
mutualismo de salud también da cuenta de la capilaridad que tiene este sector y de su profunda raigambre en las comunidades».
Si el Gobierno da el paso, la Agencia
Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
fijará las condiciones para los pedidos de licencias y autorizaciones.
De eso dependerá también cómo sea reglamentado el artículo 12 de la Ley,
que en la letra dice
que para las autorizaciones «tendrán
especial consideración hacia aquellas solicitudes orientadas
a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la
actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras
agrícolas». Aclaran, además, que eso lo harán en coordinación con el INAES. ¿Cómo lo harán? Aún no
se sabe.
«Las
cooperativas de trabajo no han sido aun consignadas en la normativa,
se cree que una vez en marcha las bases y condiciones que proponga la
ARICCAME, regularizará su funcionamiento. Hoy, estas entidades no pueden
conformarse todavía con el objeto de destinar su cultivo al
abastecimiento interno», dijo Damián
Pereyra, secretario de Producción de la Federación
Cannabica Bonaerense, ante la consulta de este medio.
Brindando una mirada fina, Piero
Liebman, abogado especialista en regulaciones sobre cannabis, dejó en evidencia que «la
Ley actual consagra
derechos para algunos, que son los que tienen licencias y proyectos
aprobados por el Ministerio de Salud, y por otra parte se va a fomentar
la creación de cooperativas y el fomento de cooperativas, pero no dice
cómo». Hace referencia al artículo
25 de la norma, que aseguró facilidades para los proyectos que hayan sido homologados en el marco de otra Ley, la
27.350, que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal. Esos proyectos ya corren con ventaja mientras las cooperativas aún esperan la reglamentación.
«Nos
deja muchas dudas sobre qué lugar real se les va a dar a las
cooperativas
y nos llama la atención que a algunos la Ley ya les da la licencia y las
cooperativas quedan sujetas a la reglamentación. Por eso, hay
que seguir de cerca el tema para evitar que el movimiento cooperativista
se quede afuera en pos de armar un negocio para unos pocos», alertó Liebman.
Ante estas dudas, desde el INAES reconocieron que «el
horizonte de regulación de las cadenas de valor asociadas con el
cannabis implica una gran oportunidad para construir cadenas no
concentradas, porque el cooperativismo y
el mutualismo pueden aportar toda su experiencia en la dinamización en
las economías regionales». La espera por la reglamentación clave para
las cooperativas se va tensando. A pesar de los rumores, parece que
todavía no hay luz verde para tener una industria
cannábica a pleno.
Se estrenó documental sobre Tiempo Argentino
El diario Tiempo
Argentino anunció el estreno del documental De
la resistencia a la existencia, en el que cuenta la historia del vaciamiento y recuperación por
sus trabajadoras y trabajadores en 2016, que incluyó un violento ataque
para intentar impedir el proceso de formación de la actual cooperativa
que lo produce.
Con una producción inédita que incluye 40
entrevistas a figuras como la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Víctor Hugo Morales, Alejandro Bercovich y Julia Mengolini, el largometraje dirigido por Pablo
Lécaros llegó a la pantalla grande el miércoles 26 de abril en la Biblioteca Nacional y ya
está disponible su tráiler en redes sociales.
Se trata de la historia de un vaciamiento y el
ataque a la prensa más importante desde la vuelta de la democracia; la construcción de un medio de comunicación que pudo levantarse y sigue creciendo
gracias a la autogestión y al apoyo de los lectores y lectoras; el compromiso con
la bandera de los Derechos Humanos, el ambientalismo y el feminismo, como parte de la misma lucha.
Tras lidiar con un vaciamiento
empresarial, los trabajadores de Tiempo Argentino se organizaron y constituyeron en 2016 la cooperativa Por
Más Tiempo, logrando que el diario vuelva a imprimirse y
estrenando página web. Antes de los tres meses de la nueva gestión
autogestiva y en el comienzo de un gobierno con múltiples conflictos con
la clase trabajadora, una
patota irrumpió en la redacción en un intento de violento silenciamiento. Siete años después, Tiempo
continúa siendo una referencia del mundo autogestionado por
su
modelo de negocios de suscripciones pionero en Argentina y por su
periodismo sin patrón en el que se reflejan las banderas de los Derechos
Humanos.
«La idea del documental surge
a partir de la búsqueda de una narración sobre cómo hace un medio
recuperado para sobrevivir a un vaciamiento, a cuatro años de macrismo y
a dos de pandemia, mientras asegura la fuente de trabajo para 80 personas y se sostiene como referencia
en los medios de comunicación de Argentina», explica Guido Molinari, productor de De
la resistencia a la existencia y socio de la cooperativa.
«Tiempo Argentino no solo refleja la agenda de Derechos Humanos y de los
laburantes, sino que también es posible construir de forma autogestiva y transformar a sus trabajadores
en los gestores de la empresa. Lo que demuestra este
diario es que, administrando los recursos, se puede». Resalta Molinari
que a pesar de las dificultades económicas del presente en el país, la
exitosa autodeterminación de la cooperativa muestra la
«codicia que existe en otros medios al momento de distribuir los ingresos».
El productor del documental expresa que queda claro en imágenes la superación
del vaciamiento empresarial de principios de 2016 por parte de Sergio Szpolski.
«Tiempo Argentino
en estos siete años mostró que la potencia de un medio está en sus
trabajadores y trabajadoras, por su capacidad para capacitarse, para
seguir en agenda con una voz importante. Es
un gesto para que el mundo autogestivo siga impulsando esta otra forma de hacer las cosas», concluye.
Zanón avanza en un plan de eficiencia energética
Las
y los trabajadores de Zanón, con sus 22 años de gestión obrera, siguen
produciendo para mantener los puestos de trabajo, y avanzan en dar
respuestas a las dificultades que impone la crisis del país. Hoy la
gestión obrera trabaja en un plan de eficiencia energética para mejorar
las condiciones del uso de la energía en la fábrica,
y comprometiéndose a hacer un uso racional de la energía, reduciendo la
huella de carbono, con la instalación de paneles fotovoltaicos.
Como
parte de un plan comenzado hace más de un año y medio de eficiencia
energética, que abarca desde corrección de contrato de potencia,
medición y corrección de fugas, restructuración del uso de energía en la
planta, incorporación de iluminación led externa con celdas
foltovoltaicas e iluminación interna.
Desde la gestión obrera invitaron a los medios y a la comunidad a presenciar
la instalación de los paneles solares los días jueves y viernes, 20 y 21 de abril.
Una vez más las gestiones obreras dan respuestas frente a la crisis.
Fuentes: Revista Cítrica, Resumen Latinoamericano,
La Izquierda Diario, Ansol, Anred, Agencia FARCO, Red Eco Alternativo.
Rebelion
