No es que la Ley para la Atención Integral del Cáncer esté mal concebida; es que como país no estamos en capacidad de volverla realidad.
Muy entusiasmados posaron el miércoles 4 de febrero, ante las cámaras, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, la legisladora y madre del Primer Mandatario, Anabella Azín, y el titular de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, tocando una campanita en el hemiciclo legislativo.
El performance emuló la victoria de los pacientes de cáncer cuando, al terminar su tratamiento, repican de alegría con la esperanza de vencer esa terrible enfermedad. Olsen, Azín, Reyes y unos cuantos celebraron así, agitando la campanita, la aprobación por unanimidad de la Ley para la Atención Integral del Cáncer en Ecuador.
Una vez que el Ejecutivo revise el documento, y más allá de que haya o no un veto parcial, la ley cobrará vigencia. Entonces vendrá lo crucial: que los 30 mil nuevos casos de pacientes que se registran cada año tengan una atención digna y oportuna.
Lastimosamente, tal y como está el sistema de salud pública, es muy probable que esta iniciativa no sea más que un simple saludo a la bandera. Durante el debate y la aprobación de la ley se dijo que el Estado necesitaría USD 117 millones cada año para que cobre vigencia. Al parecer, no sería mucho dinero si se toma en cuenta que la ley propone la investigación científica y que el sistema les dé una atención oportuna, obligatoria y gratuita.
Es más, el Estado tendrá que proveerles de medicamentos, terapias y cirugías con tecnología continua. La ley además creará un registro dinámico de medicamentos oncológicos que los hospitales deberán tener a su disposición y toda una tutela especial de protección para que los pacientes conserven sus puestos de trabajo y que los ya recuperados tengan prioridad para conseguir un empleo. En fin, el mundo ideal.
El newsletter de esta tarde, estimados lectores, no tiene por objeto cuestionar el contenido de la ley. Todo lo contrario, siempre será bueno oír iniciativas como esta que albergan esperanzas por un futuro mejor. Lo cruel estará en su aplicación, puesto que los hospitales públicos, con los del IESS a la cabeza, no están en condiciones de asumir semejante desafío.Si no hay médicos suficientes ni medicinas disponibles para tratar dolencias mucho más llevaderas como la diabetes o la hipertensión, ¿qué garantiza que las personas con cáncer vayan a tener atención y remedios oportunos?
Hace pocos días, Ecuavisa retrató lo humillante que resulta para afiliados y jubilados sacar un turno (sí, un miserable turno) para que los atiendan en los supuestamente bien equipados centros del IESS. Además, de sobra se conoce que, para una endoscopía, el seguro social tarda hasta tres meses en dar una cita y otros tres más para revisar sus resultados.
Y para una tomografía que detecte, por ejemplo, enfermedades de avance rápido como el Alzheimer, hay que esperar hasta cinco meses en el hospital Carlos Andrade Marín. El país ha debatido, desde la época de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, la creación de una ficha médica nacional, a la que todos los hospitales y centros, públicos y privados, tengan acceso.
Nada de eso se ha hecho. Por el contrario, la gente constató, desde los días de la pandemia, que las mafias se tomaron la salud con la misma fuerza que la justicia, los puertos o la ANT.
Con ese panorama, del ruido alegre de la campana que sonó el miércoles en la Asamblea no quedará recuerdo. No es que la Ley para la Atención Integral del Cáncer esté mal concebida; es que como país no estamos en capacidad de volverla realidad. Y esto, a la larga, se convertirá, penosamente, en una tomadura de pelo.
Fuente: Ecuavisa
