En los territorios fronterizos la situación es compleja, la violencia y el abandono del Estado disminuyen sus oportunidades de desarrollo.
Niños y niñas iniciarán clases en la Comunidad de Campanita, después de que la escuela “José Ibarra” permaneciera cerrada por más de dos años. Esta población se ubica en el cordón fronterizo con Colombia, en la parroquia Mataje, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
Para llegar a Campanita, desde el puerto de San Lorenzo, pasando por manglares, el recorrido en lancha dura alrededor de una hora. Todo es silencio y calma, salvo por el ruido de una que otra embarcación. Un pequeño camino lodoso conduce al caserío. En este territorio fronterizo falta casi todo: educación, salud, servicios básicos y empleo. Las pocas familias que quedan en Campanita subsisten en medio de condiciones de vida deficientes.
El breve recorrido por el centro de la comunidad visibiliza el abandono en que se encuentran. Aquí, las casas son de madera y sin ventanas para amainar el calor. No cuentan con agua segura, ni baterías sanitarias. Las familias entuban el agua de las vertientes cercanas.
Esta población en su mayoría afrodescendiente se dedica a la pesca y a conchear, productos que son comercializados en San Lorenzo y que apenas les permite subsistir. “Aquí la gente migra por motivos de trabajo. Vivimos de la conchita, del pescadito. Un padre con tres o cuatro hijos tiene que buscar cómo mantener a su familia porque las autoridades no quieren invertir en nuestro territorio”, menciona uno de los habitantes.
Alrededor de la pequeña plaza de tierra se puede observar una hilera de casas abandonadas y la escuela que estaba cubierta por la maleza, sin puertas ni mobiliario. Los pobladores coinciden en que la falta de seguridad y de presencia estatal hace que su comunidad no cuente con acceso a educación. Los dirigentes indican que los docentes asignados a la escuela José Ibarra renunciaron por temor a la violencia y los enfrentamientos de los grupos disidentes del lado colombiano.
Desde el 2020, niñas, niños y adolescentes se quedaron sin acceso a la educación, con una infraestructura educativa deteriorada y abandonada. La escuela de educación general básica (EGB) “José Ibarra” permaneció cerrada por más de dos años, tras el asesinato del hermano de la docente, quien por temas de seguridad salió de la comunidad, trasladándose esta partida hacia otra institución.
