[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Female” buttontext=”Pulsa para escuchar”]
Dirigentes políticos y sociales y el pueblo en general, deben entender que en muchos casos, la decisión de alzarse en armas, tuvo y tienen, causas socioeconómicas, políticas e institucionales específicas. Justificables en la mayoría de casos, incluida la retoma de armas, por parte de las denominadas disidencias.
El surgimiento de la insurgencia; FARC, M19, EPL, ERP, entre
otras, se soportó sobre objetivos ideológicos y socioeconómicos.
Las causas y motivaciones fueron consecuencia exclusivamente de la
irresponsabilidad política y social de todos los gobiernos del
Régimen y del modelo económico-político impuesto, aceptado y
explotado por los círculos de poder. Fueron y siguen siendo,
consecuencia de la distorsión de la democracia plena. La llamada
democracia colombiana es retórica y de papel.
El engaño sistemático a las mayorías, practicado por los
explotadores del poder institucional, inoculó escepticismo,
desarraigo e indiferencia por lo público y por los legítimos
derechos ciudadanos, de las mayorías nacionales.
Si el pueblo fuera realmente consciente de la gravedad del
conflicto y de sus causas y consecuencias, ya se habría revelado
contra el gobierno y el régimen, para exigir la superación de las
causas del conflicto.
Es pertinente desenmascarar a los enemigos declarados y
encubiertos del pueblo, de las negociaciones del conflicto, de la
construcción de equidad socioeconómica y del desarrollo nacional.
El conflicto socioeconómico-político colombiano es consecuencia
de la irresponsabilidad social y política de la recalcitrante
derecha y ultraderecha liberal-conservadora-terrateniente y
empresarial, a quienes nada les importa las precarias condiciones de
vida de las mayorías, condenadas a la pobreza y la miseria.
Colombia debe superar la fatalidad del conflicto
socioeconómico-político. La única vía es la inclusión
socioeconómica y política. Estas realidad incuestionable debe
someterse a un riguroso análisis crítico racional de viabilidad,
respecto al contexto histórico económico-social y político
colombiano y en particular, de las condiciones coyunturales presentes
y de poder político, frente a la irracionalidad, mezquindad y
perversidad de los enemigos de la construcción de équidas
socioeconómica y mejoramiento de condiciones de vida de todos los
colombianos.
Es imperativo hoy, reconocer la posición de doble moral del hoy
ex-Presidente Iván Duque y otros ex presidentes, sobre el proceso de
implementación de los acuerdos con las FARC. Ocurrió lo que tenía
que ocurrir.
La guerra declarada por los representantes incondicionales de la
extrema derecha tradicional, de los gremios económicos y dueños
exclusivos de la riqueza y el capital nacional, es manifestación
inequívoca de ruindad mental, de ausencia de principios
humanísticos, morales y éticos.
Esas precariedades de la condición humana, son las que explican
la oposición perversa, a las reformas económicas-sociales e
institucionales, del actual gobierno.
Y si observamos quiénes las lideran, podemos encontrar
explicación. Son lideradas por viejos politiqueros y sus secuaces
en su condición de usufructuarios tradicionales del poder
político e institucional, desde siempre.
Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico,
han saboteado la posibilidad de construir condiciones de paz,
convivencia y equidad socioeconómica, con el objetivo de mantener el
régimen de impunidad que los beneficia y el poder económico y
político que explotan, como Uribe, Efraín Cepeda, Gaviria y muchos
otros.
Pasarán a la historia, las trapisondas y perversidades lideradas
por Álvaro Uribe, opositor satánico al Gobierno que firmó los
acuerdos con las Farc y contra toda reforma que favorezca derechos
sociales. Uribe promovió e impulsó el ‘no’ en el Plebiscito del 2
de octubre de 2016. Lo soportó en típicos criterios falaces y
engaños al elector. Así provocó varias modificaciones en el
acuerdo pactado y firmado, que se conoce como Acuerdo Final del
Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016.
Por otro lado, el gobierno liderado y ejercido por Uribe, a través
de su secuaz Duque, manifestó reiteradamente el propósito de
hacer trizas los acuerdos y en su defecto, introducirle correcciones
de fondo, con el beneplácito y aquiescencia del ex presidente
Uribe.
Lo que estamos conociendo, del accionar de los representantes de
la extrema derecha, gremios económicos y tradicionales
usufructuarios del poder público y económico nacional, en los
debates del congreso, contra las urgentes y justificables reformas
socioeconómicas del actual gobierno, es la continuación de la
guerra de ese sector político, contra el desarrollo nacional y la
justicia social.
Ante la acción diabólica de los enemigos del desarrollo y la
justicia social, el nuevo gobierno debe responder estratégicamente,
con las decisiones y reformas económicas e institucionales que se
requieran, para lograr la reconstrucción socioeconómica nacional,
presentadas por el gobierno.
Si no son aprobadas en el
congreso, el gobierno debe inmediatamente recurrir al Constituyente
Primario, para
lograrlas, en los próximos tres años.
El gobierno actual, los órganos de poder, los empresarios y la
sociedad en general, deben comprender y dimensionar la conveniencia
de acelerar los procesos de reinserción y de construcción de
equidad socioeconómica integral.
Es única alternativa cierta para superar las causas del conflicto
y construir equidad socioeconómica, justica social y crear
condiciones ciertas para el desarrollo integral de la nación.
La superación del conflicto demanda racionalidad, generosidad,
humanismo, ética y moral colectivas. Capacidad para entender las
causas y dimensionar consecuencias y soluciones.
Colombia es el país más inequitativo del continente. Está entre
los de mayor corrupción, concentración de la riqueza y el capital y
mauyores índices de criminalidad del planeta.
La mayor percepción de corrupción, se concentra en la
institucionalidad, supuestamente creada para garantizar los derechos
y proteger la vida y honra de los ciudadanos, pero que lo que
realmente garantiza es la impunidad y la corrupción.
El secuestro, el desplazamiento interno, la
desaparición forzada, los falsos positivos, la pobreza y miseria
que doblega a las mayorías de colombianos, la expatriación y
exclusión social y económica, el cáncer del narcotráfico, la
narcoparapolítica, la corrupción, la inseguridad ciudadana,
tipifican el conflicto interno, que como imperativo moral y social
deben erradicarse para siempre. Son desafíos que exigen reformas
vertebrales, rigurosas en todos los niveles de la institucionalidad.
