La muerte del comunero Efraín Fueres en Cotacachi, aparentemente por un disparo de la fuerza pública; la paliza que uno de sus compañeros recibió por parte de un militar y la retención arbitraria de 17 soldados evidencian que la protesta en Imbabura se tornó violenta. Y que las fuerzas de orden y seguridad del Estado hoy están en la crítica de los sectores sociales por considerarlas altamente represivas. El Gobierno denuncia, por su parte, que los manifestantes son violentos y que detrás de ellos se esconde el crimen organizado.
¿Este conflicto es administrado bajo un protocolo coherente del uso progresivo de la fuerza? Ecuavisa.com revisó las reformas y cambios que desde 2022 se hicieron a estos procedimientos para acompañar el trabajo de policías y militares para neutralizar marchas y amotinamientos. Sin embargo, la crítica a su actuación no han cesado.
En agosto de 2022 se promulgó la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, que establece principios fundamentales como legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas. Esta ley regula de manera explícita el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, incluyendo la posibilidad de emplear armas letales únicamente frente a amenazas inminentes de muerte o lesiones graves.
En junio de 2023 se aprobó el Reglamento de la Ley, que detalla procedimientos de aplicación que van desde técnicas de verbalización y negociación hasta el uso de medios no letales, requisitos de informes sobre intervenciones y protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos en cada operación. Posteriormente, en agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 371, que ordenó la actualización de los manuales operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Esta medida buscaba adaptar las estrategias a nuevas amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo, y asegurar que la actuación de las fuerzas del orden cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, según información oficial del Gobierno Nacional.
Tabacundo, martes 23 de septiembre del 2025 Varios cierres de manifestantes que apoyan al paro convocado por la Conaie, manteniendo la vía cerrada y la fuerza pública intenta el desalojo en varios tramos de la Y de Tabacundo, hasta el Cajas, donde también hubo detenidos.
Fuente ecuavisa
