En las últimas semanas, la percepción de riesgo de la economía ecuatoriana se ha aumentado por la incertidumbre por las elecciones anticipadas, que tiene pronóstico incierto sobre el nuevo presidente a partir de diciembre de 2023; la imposibilidad del Gobierno de Lasso de concretar reformas a través de decretos ley; los dictámenes de la Corte Constitucional y la inseguridad.
LA HORA ha publicado que las perspectivas de crecimiento económico están más cerca del 1% que de las positivas proyecciones iniciales del 3%. Los ingresos del Estado se han reducido de la mano de la baja en la producción petrolera y del menor dinamismo de las ventas locales y las exportaciones.
El riesgo país mide la percepción de los mercados internacionales sobre la posibilidad de que una economía no pueda pagar sus deudas y cumplir con sus compromisos.
En el caso de Ecuador, la incertidumbre sobre quién tomará el mando del Gobierno en pocos meses abona a los temores sobre el regreso del populismo gastador.
Los pagos del servicio de la deuda se incrementarán en los próximos años, comenzando en 2024; y las finanzas públicas están en riesgo con la consulta popular sobre dejar de explotar el bloque petrolero ITT.