En marzo de 2023, la CC en su sentencia 2366-18-EP/23 dictaminó que fueron vulnerados los derechos de información de la Familia Gabela por parte del Estado ecuatoriano, en relación a las solicitudes de información sobre el caso del asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en Guayaquil en diciembre de 2010, durante el mandato del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa.
La máxima instancia de la Justicia, además de reconocer la vulneración de los derechos, ordenó medidas de reparación a las instituciones del Estado, entre ellas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Contraloría General del Estado, las cuales debía responder sobre las responsabilidades de quienes permitieron la desaparición del llamado ‘Tercer Producto’ del caso Gabela.
La medida de reparación establece que la FGE y la Contraloría “realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional, de conformidad con el párrafo 101 de esta sentencia. Para tal efecto, deberán entregar a este Organismo un informe sobre las medidas y sanciones emprendidas en el plazo de cinco meses desde la notificación de esta sentencia.”.
Este plazo vence este, 18 de julio de 2023 y ambas instituciones presentaron los informes correspondientes al cumplimiento de las medidas.
Investigación en curso
En el caso de la FGE, Salazar remitió un balance completo de las actuaciones que viene desarrollando el organismo para determinar las responsabilidades de los exfuncionarios que pudieron estar involucrados en la desaparición del informe.
