«Han desmantelado 50 años de protección previa del derecho al aborto en el país, poniendo en grave riesgo a millones de mujeres y niñas», subrayaron los expertos en un comunicado.
Agregaron que estas prohibiciones podrían derivar en «violaciones de los derechos de las mujeres a la privacidad, la integridad y autonomía física, la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencia», entre otras.
Los colectivos más afectados por estas normas antiabortistas son las mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, inmigrantes, con algún tipo de discapacidad, de hogares con rentas bajas, así como aquéllas que se encuentran en relaciones abusivas o en áreas rurales, según recalcaron los expertos.
Además, doctores y sanitarios estadounidenses se pueden enfrentar a consecuencias legales incluso si participan en procesos relacionados con abortos médicamente necesarios o que salvan vidas o la mera extirpación de tejido fetal de mujeres que han sufrido abortos espontáneos incompletos, denunciaron.
También se mostraron particularmente alarmados por los crecientes informes de amenazas de muerte a los proveedores de servicios de aborto en diversas partes de Estados Unidos.
