Es decir, según últimas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, se restarían 113.000 barriles a los 483.000 que se producen actualmente en alrededor de 30 campos en manos de Petroecuador y empresas privadas.
Esto, con un precio promedio del barril de petróleo de $60 representaría una pérdida de ingresos fiscales de hasta $2.475 millones anuales para un país que ya tiene un alto déficit fiscal y creciente presiones para más gasto público.
Según Alberto Chávez, ingeniero petrolero con experiencia en empresas internacionales de explotación de crudo, Ecuador no ha tenido una verdadera política petrolera en más de 15 años.
Además, incluso antes de los resultados de la consulta popular sobre el ITT, ya se venían encadenando sentencias de la Corte Constitucional y normativas que le han cerrado cada vez más el paso a las inversiones en sectores como el petrolero y el minero.
“El actual Gobierno presentó con bombos y platillos una cartera de hasta $19.000 millones en posibles proyectos de inversión en el sector hidrocarburífero, pero la inseguridad jurídica, la inestabilidad jurídica y el mal manejo de la burocracia, entre otros, han dejado todo en solo buenas intenciones”, puntualizó Chávez.
