Una de las dudas que surgen tanto en mi papel de votante como en mi condición de ciudadano es el plan que ofrecen nuestros candidatos en esta trascendental elección presidencial. En esta tierra enigmática y desafiante, conocida por su turbulencia y desorden, se presentan al menos ocho personas que afirman tener un plan ¡y lo han plasmado en papel, en forma de “PLAN DE GOBIERNO”!
Resulta sorprendente la grandilocuencia y serenidad con la que estos candidatos presentan sus soluciones. Todos prometen una suerte de propuesta poderosa y salvadora, como una poción mágica capaz de mejorar la situación y dotar al Estado ecuatoriano de poderes para resolver todos los problemas existentes, desde el cambio climático hasta el crimen organizado. Desearía tener esa misma capacidad para solucionar los desafíos en mi vida personal.
No obstante, centrémonos en la seriedad del asunto. Los Planes de Gobierno deben manifestar de manera clara los datos, las políticas públicas y las acciones necesarias para alcanzar objetivos concretos en una operación que involucra el control de 18 millones de personas, quienes dependen del Estado para diversas necesidades, desde obtener una copia certificada ante un notario hasta someterse a una neurocirugía. Esto implica establecer estructuras de supervivencia y, a veces, hacer uso del poder con determinación. También obliga a respetar los derechos humanos, aunque pueda resultar desagradable para aquellos usuarios de redes sociales que lo repudian. Además, implica aceptar al otro como un sujeto de derechos y garantizar, a pesar de nuestras diferencias, un mínimo de dignidad, sin importar lo que hayan hecho en el pasado.
En última instancia, implica asegurar que todos podamos vivir en condiciones favorables, incluso si no buscamos sacar provecho del sistema. Todo ello debe lograrse con los recursos más limitados y de la manera más eficiente posible, sin corrupción de por medio.
