Faltan pocos días para que se desarrollen las Elecciones Anticipadas y la Consulta Popular que decidirá el destino del Yasuní.
Al tiempo que la campaña electoral se enciende, una cantidad indiscriminada de ‘encuestas’ se publican con el propósito de someter a los electores.
Esas encuestas pasaron de ser una herramienta necesaria para ajustar las estrategias de campaña de los candidatos o partidos, a convertirse en instrumentos de propaganda difundidos indiscriminada e irresponsablemente para configurar la opinión pública.
Hay encuestas a la carta, todas indistintas en cuanto a posiciones de los presidenciales y al porcentaje que alcanzarían. Pareciera que todo depende de quienes la financian. Algunas pronostican que habrá ganadores en primera vuelta, otras intentan posicionar a ciertos candidatos como opciones en ascenso e incluso unas desplazan de las preferencias a más de un binomio.
El empleo de estos instrumentos demoscópicos en el mundo, aplicadas a las campañas políticas, data del período de entreguerras del siglo XX; en el Ecuador son usados desde décadas atrás, pero su intencionalidad de incidir en el voto tiene una mayor preponderancia en cada elección.
Basta recordar los pronósticos que se hicieron en la campaña presidencial del 2021. Los resultados revelados por la inmensa mayoría de encuestadoras carecieron de asertividad, generaron incertidumbre y son responsables indirectas de la materialización de un fraude electoral que despojó de la segunda vuelta a Yaku Pérez e impuso al banquero en la presidencia.
Hay riesgo que las encuestas provoquen un efecto de arrastre, de apoyo al supuesto ganador, de voto útil o ‘zapping’ (modificación de la preferencia electoral incidida por la última encuesta electoral) y que terminen impulsando a los binomios auspiciados por los últimos tres últimos gobiernos, coincidencialmente vinculados a las afamadas encuestadoras.
