Hay personas que, con mucha ligereza, utilizan el adjetivo ‘fallido’ para calificar al Estado ecuatoriano. Se trata, sin duda, de un tema controversial que puede ser utilizado en ocasiones sin el rigor académico indispensable, especialmente en el debate político; pero es también un asunto que no puede ser eludido en el análisis de la situación que enfrenta el país en la actualidad.
Para la organización The Crisis States Research Center, tal calificación corresponde al Estado que pierde la capacidad para desempeñar funciones básicas de desarrollo o seguridad; para The Fund for Peace los estados fallidos son aquéllos cuyos gobiernos enfrentan una pérdida de control sobre el territorio o del monopolio del uso legítimo de la fuerza y que, además, son incapaces de proveer servicios públicos o de interactuar con otros estados como miembros plenos de la comunidad internacional. Circunstancias como éstas suelen ser aprovechadas por grupos criminales con la pretensión de reemplazar al Estado en el ejercicio de algunas de sus competencias o cooptarlo para ponerlo al servicio de sus protervos intereses.
The Fund for Peace publica anualmente estudios sobre la situación de los países del mundo, calificándolos sobre la base de indicadores en cuatro áreas: De cohesión, Económicos, políticos y sociales. En su última publicación correspondiente al presente año, entre 179 países calificados, los más estables son: Uruguay puesto 157, Costa Rica 150, Chile 147, Argentina 139 y Panamá 133; estable es Cuba 117; en peligro Paraguay 105, Ecuador 87 y México 85; en alto peligro, Bolivia 81, Perú 75, Brasil 71, Guatemala 64, Nicaragua 62, Colombia 59 y Honduras 56; cierra la lista, en situación de alerta, Venezuela con apenas 29 puntos.
Es evidente que, con pocas excepciones, América Latina ha perdido la brújula y que es indispensable una reflexión regional para corregir las debilidades que ponen en riesgo su estabilidad democrática y desarrollo económico. En el caso ecuatoriano, hoy más que nunca se evidencia la necesidad de un gran acuerdo para definir un proyecto nacional de consenso que permita corregir las graves debilidades que agobian al Estado para así superar la profunda crisis que sufre la mayoría del pueblo ecuatoriano.
