Una sociedad en riesgo es aquella que presenta vulnerabilidades frente a amenazas que atentan en contra de sus intereses fundamentales; los riesgos pueden derivarse o agravarse por una gobernabilidad débil o en crisis. El nivel de gobernabilidad de un Estado deriva de la actitud de los actores estratégicos, el marco institucional en el que actúan y el nivel de conflictividad.
Las combinaciones de estos elementos dan como resultado, una gama de posibilidades que van desde la normalidad hasta la crisis de gobernabilidad, situación en la que lamentablemente se encuentra el Ecuador.
En efecto, los principales actores estratégicos han perdido el sentido de lo nacional para enfocarse a defender exclusivamente su intereses particulares, algunos de ellos al margen de la ley; instituciones políticas, económicas, sociales y del área de seguridad frágiles; grave conflictividad, fruto de altos niveles de desempleo y subempleo, pobreza y pobreza extrema; una economía débil sin visos de recuperación; corrupción generalizada; y todo esto, en un marco de demandas crecientes frente a débiles capacidades de respuesta de un aparato estatal ineficiente.
Lo anterior deriva en graves desarreglos institucionales: distanciamiento de amplios sectores sociales de la política, como instancia legítima de intermediación entre demandas contrapuestas; pugnas entre las distintas funciones del Estado, ausencia de un proyecto nacional viable; surgimiento de ideologías extremas y anacrónicas de corte autoritario; debilitamiento del sistema democrático; y, pervivencia de un caudillismo irresponsable, tara política que el país no ha logrado superar.
Ecuador ha sido, en largos períodos de su historia, un país mal gobernado, no ingobernable. En la actualidad enfrenta al poder fáctico de grupos criminales con sofisticados armamentos y gran capacidad económica, que controlan territorios y parcelas estratégicas del sistema estatal y particular; por otra parte, varias funciones del estado y gobiernos locales obedecen consignas llegadas desde el exterior, dejando de cumplir sus misiones constitucionales y legales. ¡Es urgente e imprescindible un acuerdo nacional para salvarnos del caos total!
