Se clama controlar la extrema inseguridad, generar inversiones, empleo, transferencia de tecnología, industrialización, apertura de mercados, sincerar opacos sistemas ambientales, educativos, salud, subsidios, pero ciertas autoridades parecen socavarlas.
El desgaste, la desconfianza en el sistema jurídico-político es sistemática por controvertidas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, de las funciones judicial, electoral, de la Corte Constitucional que parece haber tomado la posta de la deslustrada legislatura cesada.
En los actuales momentos dramáticos, la Corte mensajea que el Ecuador no requiere urgencias desentendiéndose de los proyectos de decretoos-leyes urgentes gubernamentales, implícitamente proponiendo que las medidas requeridas deben tener efecto inmediato a su fallo, soslayando la realidad del sistema jurídico-administrativo público que es parsimonioso, como ella misma lo demuestra por el lapso que requiere para determinar sus veredictos.
Cierto que la ‘urgencia’ es subjetiva. la premura no es igual para un desempleado que no tiene ingresos fijos ni permanentes, que para quien disfruta de un cargo público y solo espera el fin de mes para beneficiarse de una transferencia bancaria, monetizada por liquidez fiscal que la hace posible aquel, a través de tributos de diversa índole, con ingresos escuálidos.
Coincidencia o no, la Corte metió a la congeladora el Reglamento que autorizaba consultas ambientales, establecidas para procesos extractivistas de minas y petróleo, en momentos en que una empresa australiana anunció inversiones por $ 3.000 millones para construir la mina de cobre Cascabel, en Imbabura, una de las 10 más grandes del mundo, desde el 2025 hasta el 2030, que generaría 3.700 empleos directos. El país está ávido de capital fresco, de empleo.
