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Destierro y pérdida de ciudadanía: La osadía de Nicaragua
Redacción: Dra. Jenifer Rojas | Para: Coral NoticiasEl gobierno de Nicaragua ha despojado de su nacionalidad a más de 300 opositores políticos en los últimos días, un nuevo capítulo del autoritarismo que se vive en ese país centroamericano.
Un juez del tribunal de apelaciones de Nicaragua anunció días atrás la revocatoria de la ciudadanía a 94 personas, después que el gobierno hiciera lo mismo con las 222 personas que fueron enviadas a Estados Unidos; si bien Washington había acogido con satisfacción la liberación de prisioneros, funcionarios del gobierno de Joe Biden condenaron las últimas medidas judiciales.
La resolución leída por el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh, también ordenó inhabilitarlos de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular y les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida; una serie de dictámenes que restringen derechos humanos esenciales para cualquier ciudadano.
Es importante recordar que Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, la cual se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 con los principales contendientes en prisión o en el exilio; un evento en el que Ortega fue reelegido para un quinto mandato.
Durante años, el presidente Daniel Ortega ha aplastado sistemáticamente la disidencia, reprimiendo con violencia a los manifestantes, socavando las instituciones democráticas y realizando detenciones masivas. En este sentido, la privación de la ciudadanía a cientos de personas parece ser una nueva táctica de su gobierno, según los expertos.
Esta osadía de la dictadura instalada en Nicaragua fue ampliamente condenada, incluso por grupos de derechos humanos que denuncian la violación del derecho internacional. Por otro lado, esta situación plantea una disyuntiva a gobiernos de izquierda en América Latina, varios de los cuales han vacilado a la hora de condenarlo.
De esta forma, se comprueba que el gobierno del país centroamericano ha entrado en una fase más oscura de un proceso represor de los derechos humanos.
Recuerda: Este es el quinto mandato de Daniel Ortega, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo como vicepresidenta.
