[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Female” buttontext=”Pulsa para escuchar”]
Entre los golpes, las patadas, insultos y las vejaciones, las amenazas de muerte están presentes en varios de los casos de violencia intrafamiliar que se registran en Tungurahua.
Hasta octubre de 2022, esta jurisdicción registró 2 mil 666 denuncias de violencia de género, según datos de la Dirección de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional (DVIF).
Con este antecedente, el actual decreto para el porte y tenencia de armas de fuego, emitido por Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, genera una inmensa preocupación en las mujeres, madres, hijas, hermanas, que en su momento fueron maltratadas y sus agresores amenazaron con acabar con sus vidas.
TOME NOTA
De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), cerca del 95% de los homicidas a nivel mundial son hombres.
Antecedentes
En 2022, el país cerró la cifra de femicidios con 332 víctimas, cinco de ellas en Tungurahua, considerando ese año como el más mortal en el Ecuador para las mujeres, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).
Esta entidad pormenoriza que 134 de estas muertes se desarrollaron en medio del círculo familiar, mientras otras ocurrieron por ataques de delincuencia organizada. Cada 26 horas, se reportó la muerte violenta de una mujer en este país.
El dato más alarmante, es que 48 de las fallecidas tenían denuncias por antecedentes de maltrato previo por parte de sus asesinos y otras nueve contaban con boletas de auxilio, es decir 57 femicidios que pudieron haberse evitado de haberse dado las garantías del Estado para el efecto.
Voces de miedo
Martha, es una joven de 23 años, en enero de 2021 acusó a su pareja ante las autoridades por haberla golpeado. “Cuando él me pateaba me decía que quería verme muerta, que podía clavarme un cuchillo o meterme un tiro, pero nada de eso tenía a la mano porque discutimos en la calle”, contó.
Pero el temor de Martha va más allá, “él siempre ha dicho que si fuese legal tener una pistola la tendría, ahora que eso es posible seguro la va a comprar y yo tengo miedo, son dos años que lleva acosándome y pienso que va a cumplir lo que una vez me prometió, matarme”, agregó aterrada.
Martha es parte de las 6 mil 309 atenciones que en ese año se brindaron a víctimas de maltrato en la provincia, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos.
“Mi marido es una persona violenta y toma trago, si él tiene la facilidad de acceder a un arma, no sé qué vaya a ser de nosotras, ya le conocemos, mi hija y yo le tenemos pánico”, dijo Ana de 34 años y madre de una adolescente de 13.
Ana ha denunciado por dos ocasiones a su pareja, toda vez que el ciudadano bajo los efectos del licor la ha agredido salvajemente, tanto que, en noviembre de 2022, terminó en el área de emergencia del Hospital General Docente de Ambato, mientras el implicado no fue apresado porque escapó.
EL DATO
Desde el sábado 1 de abril de 2023, el Presidente de la República autorizó el porte de armas de uso civil mediante Decreto Ejecutivo Nro. 707, para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan con requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento sobre Armas, Municiones y Explosivos.
Preocupación
Cecilia Mena, presidenta de la Organización Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo aseguró que este decreto “nos golpea a la ciudadanía en su conjunto, es inconstitucional porque inobserva las obligaciones que tiene el Estado de garantizarnos vivir en un territorio seguro”, agregó.
Asimismo, Mena sostuvo que “respecto a la problemática del femicidio, es preocupante porque con o sin armas una mujer maltratada es la potencial víctima de un femicida”.
“El femicidio es un hecho premeditado, es una condición de planificación para cegar la vida de esa mujer y con el libre porte de armas el hecho se va a facilitar en el marco de ese contexto de dominación y control que de paso a esta maquiavélica planificación para quienes están pensando en acabar con la vida de una mujer”, insistió. (MAG)
En el ámbito social
Natalia Sierra, socióloga y catedrática universitaria, sostuvo que “históricamente un arma de fuego ha sido como un símbolo de dominación masculina que no ha cambiado”. Para Sierra, el riesgo de “derramamiento de sangre es más latente en los sectores populares que por la propia pobreza en la que viven donde carecen de control, cocimiento, educación. Tenemos que seguir exigiendo al Estado que refuerce a Policías y Ejército hasta que esto se fortalezca”.
