Renuncias, procesos legales y un juicio político han ocasionado la inestabilidad que actualmente vive el Consejo de la Judicatura

Por su parte, la legisladora Gissela Garzón (correísmo) dijo que el enjuiciamiento no fue planteado por su organización. Sin embargo, en el transcurso de proceso se han evidenciado falencias en el sistema judicial y hay responsables, manifestó. “Con base en lo que han actuado nuestros compañeros en la Comisión de Fiscalización votaremos en concordancia; es decir, a favor del juicio político”. 

Por parte del oficialista ADN, la legisladora Nathaly Farinango dijo que la bancada aún está en conversaciones sobre la decisión que se tomará. Dijo también: “creo que si es responsable también votaríamos a favor”.

Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano (PSC), mencionó que será cauto sobre su posición. Añadió que hay pruebas contundentes pero esperará la interpelación. Sin embargo, el legislador Carlos Vera, de la misma tienda política, es el encargado de sustanciar el juicio.

El desarme del Consejo de la Judicatura
Desde 2019, las salidas en la Judicatura no han parado. Ese año renunció Patricia Esquetinni. Al siguiente año, en 2020, salió Jorge Moreno.


La primera presidenta nombrada tras la designación del Pleno por el extinto Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Transitorio María del Carmen Maldonado, renunció en 2022.

Su sucesor, Wilman Terán, permanece en la cárcel 4 de Quito por su vinculación al caso Metástasis, que salió a la luz a finales de 2023. Mientras que Xavier Muñoz está en el mismo centro de detención pero por el caso denominado Independencia Judicial. Este fue el último en renunciar.  
Hasta el momento, lo que se conoce es que 15 asambleístas independientes no pondrán sus votos. Eso lo anunció el legislador Lucio Gutiérrez este 27 de enero de 2024. “Hay detrás una aparente maniobra política para apoderarse del Consejo de la Judicatura”, dijo. Esto en relación al concurso para la designación de nuevos jueces.
El Legislativo lleva adelante un proceso de interpelación al actual vocal Fausto Murillo y al exvocal Juan José Morillo. Son acusados de incumplir sus funciones por un supuesto tráfico de influencias relacionado con una acción de protección de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. 

También se acusa a Murillo por la falta de ejecución del proyecto de homologación salarial a 4.000 servidores judiciales. A él también se le atribuye el incumplimiento de funciones por la falta de insumos y atención de las dependencias judiciales.

Para que el Pleno dé paso al juicio político se necesitan 70 votos. Después de eso, la Asamblea tendrá que lograr 92 votos para que se concrete la censura y, en el caso de Murillo, la destitución del cargo en la Judicatura.
Renuncias, procesos legales y un juicio político han ocasionado la inestabilidad que actualmente vive el Consejo de la Judicatura. Este miércoles, 28 de febrero de 2024, el Pleno de la Asamblea resolverá si llama a juicio político al único de los vocales que se ha mantenido en el cargo desde 2019.