[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Female” buttontext=”Pulsa para escuchar”]
Agentes de estas empresas torturan y abusan de migrantes en estaciones como la que se quemó en Ciudad Juárez el 27 de marzo y dejó 40 muertos.
Miles de migrantes que han intentado cruzar por México rumbo a
Estados Unidos y han sido detenidos son testigos de los abusos que
agentes del gobierno y de empresas de seguridad privada propinan a los
migrante a su cargo en estaciones de “alojamiento” para migrantes, que
en realidad son centros de detención que operan bajo condiciones
inhumanas.
Hasta 2019, el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel
López Obrador, según datos del Instituto Nacional de Migración había un
registro de 30 estaciones migratorias, sin embargo, también hay un
cúmulo amplio de estancias provisionales para migrantes de las que no
existe una cifra concreta.
Estas estancias se dividen en dos tipos. Las tipo A, que permiten una
estancia máxima de 48 horas, y las B, que permiten una estancia máxima
de siete días. En ambas, los migrantes suelen permanecer más tiempo. La
mayoría de este tipo de estancias tiene algún tipo de servicio de
seguridad privada.
“Esta es una forma común en la que operan varios de estos centros. El
gobierno de México tiene estos contratos porque evidentemente no tiene
la cantidad de agentes (migratorios) ni la capacidad institucional para
atender la política de deportación masiva que ha adoptado y por eso
asignan tareas a estas empresas privadas”, dice Margarita Nuñez,
coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad
Iberoamericana (Prami)
Para Núñez, el incendio sucedido en la estancia migratoria el 27 de
marzo revela parte un esquema de estancias que operan bajo condiciones
infrahumanas, como ha constatado el Colectivo de Observación y Monitoreo
de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, un cúmulo de organizaciones
de la sociedad civil y de ayuda a migrantes que constantemente visitan
estos centros y del que forma parte el Prami.
La mayoría de estos centros, dicen sus informes y monitoreos, no
tiene agua potable en baños o sanitarios, son lugares sujetos a las
inclemencias del clima en los que la comida que se llega a entregar,
además de ser escasa, a menudo está en estado de descomposición.
Muchas de las personas que tocan estas estancias rebasan los tiempos
de detención estipulados en ellas, sin que se les informe de los
periodos por los que podrían estar detenidos. Esta desinformación,
sumada al hacinamiento y a las pobres condiciones de vida, afecta la
salud mental de los migrantes, según recaban los informes del Colectivo
de Observación y Monitoreo.
Estas estaciones son solo parte de un esquema amplio en el que el
gobierno depende de varias empresas privadas para la deportación de
migrantes, no solo para su vigilancia, sino para su transporte aéreo y
terrestre. A pesar de que este esquema opera bajo un esquema público, la
transparencia del origen y gestión de los fondos que emplea es muy
escasa.
La mayoría de las operaciones que efectúan estas empresas se centran
en personas migrantes que, según el lenguaje oficial, son “rescatadas”
de la ruta migratoria por agentes del Estado (Guardias Nacionales o
miembros del Ejército) y luego son detenidas sin ninguna garantía de
acceder al reconocimiento de solicitantes de refugio y sin información
alguna sobre los procesos judiciales y administrativos migratorios.
Mediante el testimonio de varios migrantes, este colectivo ha logrado
documentar cómo agentes de empresas de seguridad privada, en conjunto
con agentes de migración, imponen tratos indignos a migrantes.
Por ejemplo, el 15 de julio de 2021, en la Estación Migratoria Siglo
XXI un grupo de migrantes fue llevado al patio mediante golpes. Ya ahí,
fueron obligados a acostarse boca arriba con las manos en la nuca de las
dos de la tarde a la media noche, soportando sol y lluvia, con la
prohibición de cerrar los ojos bajo la amenaza de ser golpeados.
Incluso, en este tipo de centros los eventos como incendios
provocados por las protestas de los migrantes no son extraños. El 31 de
marzo del 2022, un grupo muy reducido de migrantes inició una protesta
en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco. Como parte de la
protesta quemaron colchonetas, lo que produjo un incendio.
Según testimonios de testigos, agentes de migración, de la Guardia
Nacional y de empresas privadas se negaron a abrir las celdas para
evacuar el espacio. Una persona murió y otras 14 resultaron heridas.
Lamentablemente, casos como el del incendio de Ciudad Juárez forman
parte de un entramado que, por sus falencias y malas condiciones,
pareciera ser una bomba de tiempo lista para explotar de nuevo en
cualquier momento.
Este artículo se publicó originalmente en el sitio mexicano Pie de Página.
