La advertencia la planteó Ramiro Ávila, exjuez de la Corte, luego de que el 29 de agosto de 2023, Leiver Quimis Sornoza, magistrado de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí), concedió una acción de protección a favor de la ciudadana Betty Moreira Marcillo, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) conforme una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces por parte del Cpccs Transitorio de Julio César Trujillo.
También se buscaría revisar el proceso de conformación de la CC en febrero de 2019, cuando estuvo presidida por el juez Hernán Salgado.
La acción de protección admitida por Quimis no fue apelada por el Cpccs, señaló una fuente de la Corte Constitucional.
“Algo está pasando en términos políticos; el resultado de una veeduría no puede tener ningún tipo, ni consecuencia, ni peso jurídico sobre el proceso de selección de la Corte, que además es fruto del Cpccs Transitorio que tenía competencias especiales”, dijo Ávila, quien recordó que, en términos constitucionales, la Corte está “blindada”.
Él se refiere a que en mayo de 2019, la entonces CC (presidida por Hernán Salgado), por unanimidad, aprobó un dictamen que declaró que el Cpccs definitivo “no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición otorgó al Cpccs Transitorio, por lo tanto, no goza de autotutela para revisar las acciones tomadas y las competencias extraordinarias no pueden ser asumidas, homologadas, ni desconocidas por el Consejo de Participación definitivo”.
