Cuando el Presidente de la República, apoyándose en el artículo 148 de la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones generales anticipadas, la atmósfera de urgencia era innegable. La autoridad electoral enfrentaba un desafío titánico: organizar, en tiempo récord, la elección no solo de un nuevo binomio presidencial sino también de 137 asambleístas, con la finalidad de restablecer el Parlamento y el sistema de pesos y contrapesos que por esencia garantiza la democracia.
En un proceso sin precedentes, la convocatoria electoral se llevó a cabo en menos de una semana, estableciendo la fecha para las elecciones en menos de 90 días. Este ritmo acelerado permeó todo el proceso: las primarias, el registro de alianzas, la inscripción de candidaturas e incluso la campaña electoral, se comprimieron en plazos de quince días. La velocidad no era caprichosa. Autoridades, organizaciones políticas y ciudadanía entendíamos que era necesario reconstituir un pilar fundamental del Estado que había quedado en el vacío. Todo porque en Ecuador, el Estado de Derecho estaba en pausa.
